La liquidación de la mercantil Promociones Isla Verde S.A. ha tomado un cariz de complejidad técnica que trasciende el mero cierre contable. Según la convocatoria oficial para la junta del próximo 18 de marzo en Arguineguín, la sociedad no solo busca aprobar las cuentas de los ejercicios 2023 y 2024, sino gestionar las ondas de choque de un prolongado conflicto judicial. En el epicentro de la reunión se encuentra la ejecución de títulos judiciales contra el socio Santiago Santana Cazorla, cuyo paquete accionarial embargado abre ahora una ventana de adquisición preferente para el resto de los accionistas, un movimiento que podría reconfigurar el equilibrio de poder en las etapas finales de la firma.
El proceso de liquidación, lejos de acelerarse, se enfrenta a una dilación justificada por el éxito en los tribunales. El liquidador único, Ignacio Pérez Coloma, informará a la junta sobre el impacto de una sentencia del 10 de septiembre de 2025 que falló a favor de Isla Verde en una acción reivindicatoria contra la mercantil Katanga S.L. Este triunfo legal ha supuesto la aparición de activos sobrevenidos que, paradójicamente, obligan a posponer el cierre definitivo para integrar estos recursos en la masa de la liquidación, un escenario que subraya la resiliencia de la estrategia jurídica de la administración actual.
Para adaptar la estructura de la compañía a esta nueva realidad y al marco legal vigente, la dirección propone una reingeniería estatutaria de calado. Entre las medidas destaca la redenominación del capital a euros y una ampliación de capital de 42.071 euros mediante aportaciones dinerarias. Este ajuste no es solo formal; busca cumplir con los mínimos legales y sanear la base accionarial mediante la anulación de los antiguos títulos al portador, que serán sustituidos por un sistema de acciones nominativas y un nuevo libro registro, eliminando cualquier opacidad remanente en la propiedad de la empresa.
Finalmente, la junta abordará la profesionalización del órgano de liquidación. La propuesta de modificar los estatutos para convertir el cargo de liquidador en una posición retribuida refleja la carga de trabajo técnica que implican las recientes victorias judiciales y la gestión de la ampliación de capital. Con la presencia notarial requerida para dar fe de los acuerdos, los accionistas de Isla Verde se enfrentan a una decisión salomónica: capitalizar la sociedad para proteger sus activos recuperados o permitir que el largo proceso de liquidación siga extendiéndose bajo la sombra de los litigios de la década pasada.
