La lonja del perjurio andante. Era dar con inocentes turistas europeos y hacerlos pasar por caja de forma ilegal. La Guardia Civil, el prestigioso y admirado cuerpo de seguridad nacional de los canarios, ha desarticulado un sistema de recaudación ilegal que operaba en el corazón turístico de Gran Canaria. Un agente de la Policía Local de Mogán ha sido detenido bajo la acusación de apropiarse, de manera sistemática y durante al menos cinco años, del dinero procedente de sanciones de tráfico impuestas a ciudadanos extranjeros. Se le imputan presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.
La investigación, iniciada en junio de 2025, ha revelado un esquema de "arbitraje delictivo" diseñado para explotar la vulnerabilidad del turista. El agente se situaba estratégicamente en zonas de alta afluencia de Puerto Rico, donde interceptaba principalmente a conductores de vehículos de alquiler. Tras notificar una infracción de tráfico, el funcionario exigía el pago inmediato y en efectivo de la sanción, aprovechando que el perfil del turista dificulta cualquier reclamación administrativa posterior una vez abandonan la isla.
Para evitar que el fraude fuera detectado por los sistemas de control municipal, el detenido presuntamente interrumpía la tramitación de los expedientes o los anulaba sin justificación legal alguna. De este modo, el dinero nunca llegaba a ingresar en las arcas del Ayuntamiento de Mogán, desapareciendo del circuito contable oficial en el mismo momento del cobro a pie de calle.
Las pesquisas, realizadas en colaboración con la Jefatura de la Policía Local y el Ayuntamiento de Mogán, estiman que la actividad ilícita se prolongó desde 2021. Durante este periodo, el agente habría recaudado ilegalmente unos 135.000 euros, correspondientes a más de un millar de sanciones. La Guardia Civil ha logrado localizar a varios turistas afectados que han confirmado la exigencia del pago en metálico sin que se les ofreciera alternativa alguna por vía administrativa.
Tras un análisis exhaustivo de los expedientes anulados y meses de vigilancias discretas sobre la actividad del sospechoso, el agente fue puesto a disposición judicial este miércoles. Tras prestar declaración ante el juez de guardia, se ha decretado su puesta en libertad provisional mientras continúa la instrucción de la causa para determinar el alcance total de la malversación y si existen otros implicados en la red de anulación de sanciones.
