El sector industrial y turístico del sur de Gran Canaria acaba de entrar en una nueva dimensión operativa. Con la publicación del Decreto 185/2025 este 2026 en el BOC, Canarias ha dejado de ser un paraíso de la laxitud olfativa para convertirse en el pionero regulatorio de España. Para cualquier experto que siga de cerca el flujo de capital en las islas, el mensaje es nítido: el olor ya no es una molestia subjetiva, es un contaminante medible y, por tanto, sancionable.
Esta normativa liquida de un plumazo la inseguridad jurídica que lastraba la convivencia entre las zonas de servicios y los complejos residenciales de lujo. Hasta diciembre, el cierre de una actividad dependía del volumen de quejas o del arbitrio de un técnico municipal. Ahora, la introducción de unidades odoríferas bajo la norma UNE-EN 13725 traslada la batalla de los despachos de relaciones públicas a los laboratorios de ingeniería. Para las empresas, esto significa que el cumplimiento ya no se negocia con buena voluntad, sino con datos de dispersión atmosférica.
El impacto financiero inmediato se sentirá en los planes de inversión (Capex) de sectores críticos. Las plantas de tratamiento de residuos del sureste, las desalinizadoras que alimentan la zona turística y la industria alimentaria deben provisionar fondos para sistemas de mitigación de última generación. Aquellas compañías que no incorporen planes de gestión y minimización de olores en su ADN operativo se enfrentan no solo a multas, sino a la imposibilidad técnica de renovar sus licencias de actividad.
A largo plazo, Canarias está exportando un modelo de convivencia para territorios con alta presión poblacional. El inversor internacional, especialmente el centroeuropeo que ya está habituado a estándares estrictos, verá este decreto como un refuerzo de la seguridad jurídica en el archipiélago. El "aire limpio" ha pasado de ser un eslogan promocional a convertirse en un requisito técnico de primer orden para el mantenimiento del valor de los activos inmobiliarios en el sur.
