El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana en el sur de Gran Canaria ha dado traslado al escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita una pena de cuatro años de prisión para E.B.R., un ciudadano de origen paraguayo acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Los hechos, ocurridos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, serán juzgados próximamente en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Según el relato del Ministerio Fiscal, el suceso tuvo lugar sobre las 10:15 horas del pasado 16 de mayo de 2025. El acusado se encontraba en su domicilio junto a la víctima, una menor de 15 años que mantenía una relación sentimental con el hijo del procesado. Valiéndose de esta relación de confianza y cercanía familiar, el hombre invitó a la joven a dormir junto a él, momento en el que presuntamente aprovechó para realizarle tocamientos en el pecho con el ánimo de menoscabar su indemnidad sexual.
Por estos hechos, la Fiscalía califica lo sucedido como un delito de agresión sexual a menor de 16 años, previsto en el artículo 181.1 del Código Penal. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una medida de libertad vigilada durante seis años tras su salida de prisión, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores de edad por un periodo de diez años.
La petición de castigo incluye también medidas de protección estrictas para la víctima. El fiscal interesa la prohibición de que el acusado se acerque a menos de 200 metros de la menor, de su domicilio o de su centro de estudios, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, se solicita una indemnización de 3.000 euros para la joven por los perjuicios morales causados.
El escrito de acusación contempla la aplicación del artículo 89.1 del Código Penal, solicitando la expulsión del territorio nacional de E.B.R. una vez haya cumplido dos terceras partes de la condena, con la prohibición expresa de regresar a España durante un periodo de seis años. El juicio queda ahora pendiente de señalamiento en la Audiencia Provincial para determinar la responsabilidad penal del encausado.
