El motor económico de Canarias, el turismo, vuelve a verse salpicado por la sombra del fraude. La Policía Local del sur de Gran Canaria ha asestado un golpe a las malas prácticas profesionales tras investigar a un taxista acusado de estafar a unos 2.400 visitantes extranjeros. El conductor, uno de los 11 que se están investigando, que se enfrenta a diligencias judiciales, habría obtenido un beneficio ilícito de aproximadamente 30.000 euros mediante la manipulación sistemática de las tarifas de su vehículo durante los últimos dos años.
La investigación, que se prolongó durante tres meses, reveló una práctica tan sencilla como lucrativa. Según ha confirmado José Carlos Álamo, concejal de Seguridad del municipio, el sospechoso aplicaba tarifas que no correspondían al trayecto realizado, aprovechándose del desconocimiento de los turistas sobre el sistema de precios local. Lo que comenzó como una sospecha en un control rutinario de tráfico terminó destapando un uso habitual de estas irregularidades, que han afectado gravemente a la imagen de uno de los destinos más importantes de Europa.
Este caso no ha sido un hecho aislado detectado únicamente por la policía. La propia Cooperativa de Taxis del municipio había dado la voz de alarma al recibir quejas constantes de clientes que notaban importes desorbitados en sus traslados. Ante esta situación, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha endurecido la vigilancia: actualmente existen once licencias más bajo sospecha y varios seguimientos activos. "No hablamos de un hecho puntual", advierten las autoridades locales, decididas a limpiar la reputación de un sector que es clave para la movilidad en zonas como Playa del Inglés o Maspalomas.
La sombra del fraude en el sur de la isla, que se suma al reciente caso de un policía en Mogán acusado de cobrar multas falsas, ha acelerado la toma de decisiones políticas. La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha anunciado que se trabaja en la implantación de una tarifa única del taxi. Esta medida busca simplificar el sistema de cobro en la mayoría de los municipios canarios, eliminando la complejidad técnica que algunos profesionales utilizan para "inflar" los precios y garantizando una mayor transparencia para el visitante.
