Marruecos ha planificado que sobre 2032 haya en el Sáhara Occidental 5 millones de turistas al año, es decir, algo más de lo que recibe Gran Canaria, destino al que le va a comer buena parte del mercado del sur de Gran Canaria: Ellos tienen dunas y no centros comerciales cochambrosos por culpa del capital de Las Palmas que invadió Playa del Inglés en los años 80. Ahora lo único que falta es que España ceda el control aéreo para que en tan escaso espacio de tránsito de aviones haya interferencias entre ambos destinos.
El plan de autonomía para el Sáhara Occidental ha dado un salto cualitativo al transformarse de una simple declaración de intenciones en un robusto estatuto orgánico, según ha adelantado Atalayar. Este nuevo marco jurídico, estructurado artículo por artículo, se aleja de la retórica política para adoptar una técnica normativa comparable a los regímenes de autonomía más avanzados de Europa. El documento establece una arquitectura de poder clara donde se definen con precisión los mecanismos de articulación constitucional y los procedimientos de control.
La clave de esta nueva etapa reside en una técnica de distribución de competencias mixta. Mientras el Estado central se reserva de forma exclusiva y restrictiva los símbolos de la soberanía —como la defensa nacional, la política exterior, la moneda y el orden jurisdiccional supremo—, la Región asume un papel protagonista en la gestión de su propio futuro. Esta delimitación garantiza que las áreas estratégicas de seguridad nacional queden exentas de cualquier competencia regional, incluso compartida.
En este reparto de poderes, el desarrollo económico queda en manos de la autonomía, destacando de forma expresa las competencias en planificación económica regional, desarrollo industrial y turismo. El Sáhara tendrá la potestad de emitir normas vinculantes para diseñar su propio modelo turístico, gestionar sus infraestructuras energéticas y hídricas, y planificar el uso del territorio y el urbanismo. Esta autonomía turística supone que la región podrá liderar su promoción exterior y la gestión de sus recursos litorales de forma directa.
Todo este ejercicio de autogobierno se enmarca bajo el principio de lealtad constitucional, obligando a las autoridades regionales a actuar en coherencia con la unidad del Estado y la solidaridad nacional. No obstante, el plan incluye una cláusula de salvaguardia que permite al Estado suspender temporalmente estas facultades de manera excepcional ante daños graves al orden constitucional o a la integridad territorial, siempre bajo un procedimiento regulado legalmente.
