En el tablero del turismo europeo, el sur de Gran Canaria hay una anomalía medieval y operativa. Mientras que los mercados globales de transporte han sucumbido a la eficiencia de las plataformas de movilidad compartida, el motor económico de la isla —el sector del taxi en San Bartolomé de Tirajana— opera bajo una estructura que recuerda más a un gremio medieval que a una industria del siglo XXI. Se trata de una maquinaria que genera 18 millones de euros anuales, pero que hoy se enfrenta a su mayor crisis de reputación tras un escándalo de fraude sistemático. Los mismos políticos que en Gran Canaria rechazan la llegada de Uber o Cabify luego usarían estas plataformas cuando están en la UE por motivos de desplazamiento oficial para la promoción del turismo.
En Canarias tenemos euro e incluso cargadores de smartphone tipo C pero es imposible adaptarse a la norma comunitaria de transporte privado. El lobby de los taxistas del sur de Gran Canaria cada vez se les menciona la necesidad de abrir el melón, amenazan con movilizaciones a una clase política en Las Palmas incapaz de quitar el monopolio a Salcai y desarrollar su esquema de proteccionismo en el sector del taxi generando un cuello de botella que compromete su imagen de modernidad. Mientras el Cabildo y las cooperativas mantienen su "defensa a ultranza" del modelo actual, la ciudadanía y el inversor internacional miran con recelo una isla que parece resistirse a la liberalización que ya es norma en el resto del continente.
La reciente investigación policial que ha puesto bajo la lupa a 11 taxistas por estafar a turistas mediante la falsificación de tarifas no es, para muchos analistas, un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema sin competencia. Según las diligencias, los conductores aprovechaban el desconocimiento de los visitantes para manipular los costes del servicio, dañando la imagen de un destino que compite por captar al viajero de alto poder adquisitivo.
La parálisis en el sur de Gran Canaria contrasta frontalmente con la evolución del sur de Tenerife. Desde julio de 2023, plataformas como Uber operan con éxito en Adeje y Arona, gestionando una flota que ya supera las 80 licencias. Según Dolores Vilas, directora de Uber en España, el interés del usuario es masivo: más de un millón de personas abrieron su aplicación en el país en 2024, con un tráfico de búsquedas orgánicas desde Gran Canaria que evidencia una demanda insatisfecha.
El Cabildo de Gran Canaria mantiene una postura de resistencia. Ante un aluvión de 4.400 solicitudes de licencias VTC, el gobierno insular ha calificado la cifra de "disparate", escudándose en la Ley Canaria 13/2007 que limita la proporción a un VTC por cada 30 taxis. Se trata de un marco jurídico que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha señalado como contrario al derecho europeo, al no encontrar justificaciones de interés general que avalen tal restricción a la libertad de establecimiento.
El sector del taxi justifica su exclusividad alegando costes operativos insostenibles —seguros y combustibles al alza— frente a unas tarifas que figuran entre las más bajas de España. Esta pinza financiera impide la contratación de segundos conductores, dejando a la flota en manos de titulares autónomos que suelen concluir su jornada antes de que comience la actividad nocturna. El resultado es un desierto de movilidad los fines de semana y noches, justo cuando la economía del ocio más lo necesita.
Pese a los intentos de modernización mediante plataformas como Pidetaxi o Socomtaxi (de la que son accionistas los taxistas de Maspalomas) en el aeropuerto de Gran Canaria, el usuario percibe un servicio anacrónico. La "fricción" en el aeródromo, donde se anularon más de 12.000 viajes de transferencia el pasado año, subraya un sistema saturado de burocracia y sospechas de intrusismo. Para el turista acostumbrado a la transparencia de precios y la inmediatez de la VTC, Gran Canaria sigue siendo un destino donde el transporte es un obstáculo, no un servicio.
