En el complejo tablero del urbanismo grancanario, donde la protección ambiental y los derechos consolidados suelen colisionar, el núcleo de Las Salinas del Matorral acaba de despejar un obstáculo crítico. La Comisión de Evaluación Ambiental de San Bartolomé de Tirajana ha emitido un Informe Ambiental Estratégico favorable para la modificación menor del Plan General (PGO), un paso que acerca la regularización de este asentamiento rural tras décadas de limbo jurídico.
El acuerdo, adoptado el pasado 22 de enero y hecho público este mediados de febrero y al que ha tenido acceso Maspalomas24H, confirma que la ordenación propuesta por las asociaciones de vecinos Matosal y Los Salineros no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, el dictamen no es un cheque en blanco; es un ejercicio de equilibrismo técnico que debe sortear las reticencias de la administración central y las nuevas exigencias de la crisis climática.
La crónica de este expediente revela las fricciones habituales entre los distintos niveles del Estado. El Ministerio de Defensa, cuya presencia en la zona es estratégica dada la cercanía de la Base Aérea de Gando y sus servidumbres, ha mantenido una postura de cautela burocrática. En un escrito que roza la advertencia, Defensa solicitó más tiempo para analizar el impacto, señalando que cualquier falta de respuesta en plazo se consideraría desfavorable.
Este "ruido" administrativo obliga al Ayuntamiento a una maniobra delicada: continuar con la tramitación pero vinculando la aprobación definitiva a un informe de Defensa que aún está en el aire. Es la clásica arquitectura jurídica del sur: avanzar sobre suelo firme, pero manteniendo un ojo en Madrid.
Más allá de la propiedad del suelo, el informe introduce una variable que marcará el urbanismo de la próxima década en la isla: el análisis de riesgos climáticos. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha sido tajante al exigir que, en fases posteriores, el proyecto incorpore proyecciones climáticas específicas —utilizando el Atlas Climático de Canarias— y no meras generalidades regionales.
Para un asentamiento situado en suelo rústico de costa y clasificado como "potencialmente productivo", la vulnerabilidad ante la subida del nivel del mar o los eventos térmicos extremos ya no es una sugerencia académica, sino un requisito imperativo para la validez del plan.
Lo que distingue este caso de las grandes promociones hoteleras de Meloneras es su origen. El promotor no es un gran grupo turístico, sino la propia Asociación de Vecinos de Salinas del Matorral. Es un urbanismo de abajo hacia arriba que busca encajar un entorno ya muy antropizado y degradado en la legalidad vigente del PGO de 1996.
La resolución de la Comisión, que dirige el secretario Mateo Pérez, otorga ahora una vigencia de cuatro años para culminar la modificación. Si en 2030 el Matorral no ha visto aprobado su nuevo marco jurídico, el contador volverá a cero. En el sur de Gran Canaria, donde el tiempo administrativo suele circular más despacio que el ciclo económico, este acuerdo es, ante todo, una victoria contra el reloj.
