En el sur de Gran Canaria el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no es solo un tributo; es el sistema de riego que sostiene un presupuesto municipal alimentado por el ladrillo. La propuesta de Vox de aplicar bonificaciones de hasta el 95% a inmuebles vinculados a actividades económicas declaradas de "especial interés" o "fomento del empleo" ha abierto un debate sobre la sostenibilidad del modelo en una zona donde la cuota líquida del IBI ya genera 26,3 millones de euros anuales.
El partido derechista de Santiago Abascal, Vox, ha lanzado una iniciativa para una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. El partido señala que, la reducción de la presión fiscal “resulta obligatoria en una ciudad en la que la actividad económica privada languidece a marchas forzadas”.
Para un municipio que gestiona una base imponible urbana de 5.017 millones de euros bajo un gravamen del 0,57%, la medida supone un desafío a la línea de flotación de los ingresos públicos. Mientras la formación política argumenta que la reducción de la presión fiscal es "obligatoria" para revitalizar una actividad privada que "languidece", los datos técnicos del sur muestran una realidad distinta: una opulencia inmobiliaria gestionada por 348 empresas del sector que priorizan el alquiler y la hostelería sobre cualquier otro desarrollo.
La arquitectura fiscal del municipio revela una dependencia casi absoluta del hormigón turístico. Con 66.188 recibos urbanos, el impacto de una bonificación masiva en inmuebles comerciales podría alterar el equilibrio de servicios de un tejido empresarial altamente especializado. Actualmente, la economía de la zona se entrega a la "necesidad inmediata" del visitante, con 1.558 locales minoristas donde proliferan los estancos (122) y las tiendas de textil (330), frente a una presencia testimonial de comercio tradicional como pescaderías (2) o carnicerías (9).
El riesgo implícito en la propuesta es que una bonificación diseñada para el "fomento del empleo" termine beneficiando a un sector servicios ya consolidado que apenas necesita incentivos para su supervivencia, mientras drena los recursos necesarios para mantener las infraestructuras que estos mismos negocios consumen. En el sur, el suelo rústico es ya una anécdota nostálgica de 112.362 euros de recaudación; el verdadero capital está en el uso intensivo de la zona turística.
La iniciativa legislativa plantea que la reducción del IBI es un instrumento "más ágil que la subvención" para mejorar la competitividad. Sin embargo, en un ecosistema con un índice de bancarización de solo 4 oficinas por cada 10.000 habitantes y una gestión técnica orientada a la eficiencia del alquiler, la pregunta para los gestores locales es si el Ayuntamiento puede permitirse renunciar a su principal fuente de liquidez.
La aplicación de una bonificación del 95% sobre inmuebles de "especial interés" en Meloneras o Playa del Inglés podría suponer un agujero millonario en las arcas públicas. Para un municipio que debe equilibrar la limpieza de sus calles, la visibilidad de sus pasos de peatones y la vigilancia epidemiológica en una frontera turística de alta movilidad, la propuesta de Vox se presenta como un experimento de economía de oferta en un entorno que, por ahora, funciona a pleno rendimiento bajo el régimen fiscal actual.
