El Consejo de Estado ha acordado este mes de febrero de 2026 el Dictamen núm. 1067/2025, en el que propone la declaración de nulidad de pleno derecho de una liquidación provisional del IRPF correspondiente al ejercicio 2019. El acto administrativo, dictado originalmente por la administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en este municipio grancanario, queda así invalidado de forma radical tras detectarse vicios insubsanables en su tramitación.
A diferencia de una anulación ordinaria, la nulidad de pleno derecho implica que el acto nunca debió existir legalmente. El dictamen se fundamenta en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, que reserva esta medida para situaciones de extrema gravedad jurídica, como la omisión total del procedimiento legal o la vulneración de derechos fundamentales (especialmente el derecho a la defensa por falta de notificaciones válidas).
La resolución del Consultivo abre la puerta a que el afectado pueda: Eliminar la deuda de forma definitiva, aunque el acto fuera inicialmente firme, recuperar las cantidades pagadas, incluyendo los intereses de demora devengados desde el momento del ingreso y limpiar su historial tributario, al desaparecer el acto nulo de su expediente administrativo.
Este tipo de dictámenes suelen ser preceptivos cuando la administración tributaria pretende revisar de oficio sus propios actos a favor del ciudadano, confirmando que el error administrativo fue lo suficientemente grave como para requerir la intervención del máximo órgano consultivo de la comunidad autónoma. Para los contribuyentes en situaciones similares en la zona de San Bartolomé de Tirajana, este dictamen sienta un precedente sobre el control de legalidad que debe imperar en las liquidaciones del IRPF emitidas durante la gestión post-pandemia.
