La arquitectura fiscal que sostiene la economía de Canarias se enfrenta a un desafío institucional sin precedentes. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado este lunes una advertencia contundente: cualquier intento de desplazar a la Agencia Tributaria (AEAT) en la gestión de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) y la Deducción por Inversiones (DIC) supone jugar con fuego ante la Unión Europea.
La controversia nace de la propuesta para transferir las funciones de control y revisión de estos incentivos a la Administración Tributaria Canaria (ATC). Para los inspectores, este movimiento no es una simple redistribución administrativa, sino un ataque a la línea de flotación del Régimen Económico y Fiscal (REF), el pulmón que permite al sector turístico del sur de Gran Canaria reinvertir sus beneficios con una presión fiscal reducida.
El eje del conflicto reside en la naturaleza del REF. A diferencia de los regímenes de cupo o tributos cedidos, las ventajas fiscales canarias operan como una excepción autorizada por Bruselas dentro del sistema tributario general del Estado. Los inspectores subrayan que "expulsar al Estado" de la gestión del Impuesto sobre Sociedades y el IRPF generaría una disfunción técnica que podría llevar a la Comisión Europea a cuestionar la legalidad de estos incentivos como ayudas de Estado.
Para el empresario turístico de San Bartolomé de Tirajana, esta batalla burocrática se traduce en una potencial pérdida de seguridad jurídica. Si la Agencia Tributaria pierde su competencia inspectora en favor de la administración autonómica, el riesgo de que Bruselas perciba el REF como un sistema opaco o arbitrario aumenta, poniendo en peligro la pervivencia de una herramienta que permite detraer hasta el 90% de los beneficios netos no distribuidos para nuevas inversiones.
La gestión de la RIC es el motor que ha permitido la renovación de la planta alojativa en zonas como Meloneras o Playa del Inglés. La pretensión de la comunidad autónoma de participar en el "desarrollo y seguimiento" del REF choca frontalmente con la visión centralizada de los inspectores, quienes ven en la AEAT el único garante de la "equidad entre ciudadanos de distintos territorios".
La presidenta del colectivo, Ana de la Herrán, ha sido tajante: el REF no es un sistema independiente, sino una "menor presión fiscal" dentro del esquema estatal. En un contexto donde la sostenibilidad del turismo está bajo lupa, la apertura de una brecha en la fiscalidad canaria podría provocar una reacción en cadena. El temor de fondo es que, en el intento de ganar soberanía fiscal, las islas terminen perdiendo la protección de un marco estatal que, hasta ahora, ha servido de escudo ante las reticencias de otros estados miembros de la UE hacia los regímenes especiales.
