El sistema judicial del sureste de Gran Canaria se enfrenta a un caso que sacude los cimientos de la confianza en las instituciones educativas de la isla. El Ministerio Fiscal ha formalizado su escrito de conclusiones provisionales contra G.A.N.C., profesor de un Instituto de Educación Secundaria en Santa Lucía de Tirajana, interesando la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial. Se le acusa de un delito continuado de abusos sexuales con penetración a un alumno que, en el momento de los hechos, acaecidos entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, contaba con apenas 15 años de edad. El Ministerio Fiscal solicita 8 años de prisión y libertad vigilada para G.A.N.C., profesor en Santa Lucía de Tirajana, por un delito continuado de abusos sexuales a un menor con la eximente de anomalía psíquica.
La petición de pena se eleva a ocho años de prisión, a los que se suma una compleja red de medidas de seguridad y protección. Además de la inhabilitación absoluta para cualquier profesión que implique contacto con menores durante diez años, el Fiscal solicita una medida de libertad vigilada de ocho años consistente en tratamiento médico externo obligatorio. El caso, que será juzgado bajo el marco de la reciente reforma de la Ley Orgánica 10/2022, pone de relieve la vulnerabilidad de los entornos educativos y la contundencia de la respuesta penal frente a la quiebra del deber de custodia de un docente.
El relato de la Fiscalía describe una relación íntima iniciada en el entorno escolar que derivó en actos de naturaleza sexual tanto en el domicilio privado del docente como en la isla de Fuerteventura. Según el escrito, el acusado actuó con el pleno conocimiento de la minoría de edad de la víctima y con el ánimo de atentar contra su indemnidad sexual. Las consecuencias para el joven han sido devastadoras: un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático crónico que ha fracturado su adaptación al entorno y ha causado un menoscabo profundo en su desarrollo socio-afectivo y sexual.
La estrategia de la acusación pública, sin embargo, contempla una arista técnica fundamental: la salud mental del procesado. El Fiscal reconoce la concurrencia de una eximente incompleta de anomalía psíquica, dado que el profesor padece un trastorno depresivo mayor de tipo grave con rasgos psicóticos y un trastorno esquizoide de la personalidad. Estas patologías, según el informe médico-forense, alteraron de forma moderada sus facultades intelectivas y volitivas durante el periodo en que se produjeron los hechos delictivos.
