José Alba no necesitó este jueves levantarse del sillón, chaqueta abrochada, para sacudir los cimientos del sector turístico este jueves en Las Palmas. El director general de Lopesan Hotel Group cargó con dureza contra lo que considera un espejismo social: la idea de que el alquiler vacacional en Canarias es un negocio de "humildes familias". Para Alba, tras esa fachada de economía doméstica se esconden estructuras corporativas expertas en el uso de "hombres de paja", piezas de un tablero diseñadas para presionar a la administración mientras operan, en la práctica, como auténticas maquinarias comerciales a gran escala.
"Hay empresarios usando un vacío legal para hacer competencia desleal", dijo. Esta denuncia supone un paso al frente en la guerra fría que libran los gigantes hoteleros y el alojamiento alternativo. Según el ejecutivo, estas "entidades instrumentales" han logrado secuestrar la narrativa política, utilizando la imagen del pequeño propietario como escudo para proteger intereses que nada tienen de familiares y mucho de presión lobista.
Alba atacó al negocio vacacional porque está generando "daño reputacional" al destino bajo el argumento de que las potencialidades del turismo no se reparten. No matizó que el sistema económico de la Constitución Española define al Estado en la Subordinación al Interés General (Art. 128) que reza: "Toda la riqueza del país está supeditada al interés general, permitiendo al Estado intervenir empresas y reservar recursos o servicios esenciales mediante ley" así como el artículo 131: "El Estado puede planificar la actividad económica para atender necesidades colectivas, equilibrar el desarrollo regional/sectorial y estimular el crecimiento".
La intervención de Alba dejó un titular para la reflexión económica: la comparación entre la agilidad de la República Dominicana y el marasmo de las Islas. El ejemplo fue demoledor. Mientras que el complejo Costa Bávaro —un despliegue colosal con industria y urbanización propia— pasó del papel a la realidad en apenas dieciocho meses, en Gran Canaria el reloj parece haberse detenido.
En San Bartolomé de Tirajana, el proyecto de la parcela 28, situada a las espaldas del hotel Baobab, languidece desde 2009. Diecisiete años de espera para un solar urbano que ya debería estar dando de comer a 1.500 familias de forma directa. "Ha habido que modificarlo tres veces porque, de tanto esperar, el proyecto ya ni siquiera está a la vanguardia", lamentó Alba, señalando la cicatriz que la inacción administrativa deja en el empleo local.
Alba lanzó un dardo directo al corazón del sistema europeo al afirmar que el "exceso de seguridad jurídica" ha terminado por mutar en su contrario: una absoluta inseguridad para el que arriesga su capital. Es la paradoja canaria: un inversor prefiere jugársela en sistemas teóricamente más inestables antes que quedar atrapado en una maraña de trámites que, bajo la bandera de la garantía legal, condena los proyectos al olvido eterno.
"Se prefiere el riesgo del Caribe a la parálisis de Canarias porque aquí sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo terminas", dijo tuteando. Pese al tono de advertencia, el directivo de Lopesan cerró con un mensaje de confianza en la "resiliencia" del destino. Con la esperanza de duplicar su capacidad en el archipiélago en el próximo lustro, Alba defendió una diversificación inteligente: no se trata de obligar a las empresas a invertir en sectores sin rentabilidad, sino de potenciar aquello en lo que las islas son imbatibles. El turismo, sentenció, no es el problema, sino la herramienta de sostenibilidad más potente que tiene Canarias, siempre que se le deje caminar sin las cadenas de la burocracia.
