La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas se prepara para juzgar uno de los casos más graves de vulneración de la libertad sexual registrados en el sureste de Gran Canaria en los últimos años. El Ministerio Fiscal ha formalizado su escrito de acusación contra J.M.N. de P., para quien solicita una pena de quince años de prisión por un delito continuado de agresión sexual cometido contra la hija de su pareja, una joven que padece una parálisis cerebral infantil y una discapacidad física del 98 por ciento.
Los hechos, según el relato del Ministerio Público a los que ha tenido acceso Maspalomas24H, se produjeron en el domicilio familiar situado en Santa Lucía de Tirajana durante el periodo de confinamiento y convivencia derivado de la crisis sanitaria, entre marzo y agosto de 2020. El acusado presuntamente aprovechó la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, quien es totalmente dependiente para todas las actividades de la vida diaria y carece de capacidad de obrar para cuestiones jurídicas o patrimoniales, para someterla a constantes abusos. La Fiscalía detalla una escalada de agresiones que incluyen tocamientos, penetraciones vaginales y una agresión bucal en la que el procesado llegó a emplear la fuerza para vencer la resistencia de la joven.
El escrito de calificación jurídica se apoya en la reciente reforma de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como de garantía integral de la libertad sexual, al considerar que los actos se realizaron sin el consentimiento de una persona cuya capacidad de autodeterminación está anulada por su patología de base. La gravedad de las acusaciones se ve acentuada por las circunstancias de parentesco y la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su discapacidad, factores que elevan la petición fiscal a la franja superior de las penas previstas en el Código Penal.
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía interesa la imposición de una medida de libertad vigilada por diez años tras la salida de prisión, así como la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante una década. El procesado, que actualmente tiene prohibida la salida de la isla de Gran Canaria y carece de pasaporte por orden judicial, se enfrenta también a una inhabilitación especial para cualquier profesión o cargo público que conlleve contacto con menores o personas con discapacidad.
