El Gobierno de España ha despejado finalmente la incógnita financiera sobre la estabilidad energética del principal polo económico de Canarias. A través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas fechada el 3 de febrero de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica ha adjudicado inversiones autorizadas por un valor total que supera los 40,5 millones de euros destinados a la renovación de activos de generación en Gran Canaria, operados por Unión Eléctrica de Canarias Generación (Endesa).
El grueso de esta inyección de capital se concentra de forma estratégica en el complejo de Barranco de Tirajana, en el sur de la isla. Esta infraestructura, pieza clave para el sostenimiento del sector turístico y el consumo industrial, recibirá un total de 40.525.610 euros en inversiones reconocidas bajo el régimen retributivo adicional. La resolución garantiza así la rentabilidad y el mantenimiento de grupos de ciclo combinado y turbinas de gas que resultan críticos para evitar fallos en el suministro de un sistema eléctrico aislado y de alta vulnerabilidad.
En el desglose de las partidas financieras, destacan los más de 14,2 millones de euros destinados al proyecto Endesa GC-BA-03 y los 13,6 millones para el grupo GC-BA-04, ambos correspondientes a la tecnología de ciclo combinado en configuración 2x1 en el nudo de Barranco de Tirajana. A estas cifras se suma una inversión de 12,5 millones de euros para una turbina de gas "heavy duty" en el mismo emplazamiento, consolidando al sur de Gran Canaria como el principal receptor de estos fondos de modernización.
La resolución también contempla actuaciones de menor escala en la central de Jinámar, donde se han autorizado dos partidas de 2,7 millones de euros cada una para la actualización de turbinas de gas. Todas estas inversiones cuentan con una vida útil regulatoria de 10 años, lo que otorga a Endesa un horizonte de estabilidad financiera para operar estos activos. Este movimiento administrativo cierra un proceso de concurrencia competitiva iniciado en 2024, diseñado para compensar los sobrecostes de generación en los territorios no peninsulares y asegurar que la transición energética en las islas no comprometa la seguridad del sistema.
