La histórica batalla por el suelo de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, ha dado un giro administrativo de consecuencias imprevisibles para el holding de la familia Kiessling. El grupo ecologista Turcón-Ecologistas en Acción ha elevado el conflicto directamente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, exigiendo al Ministerio de Hacienda que intervenga de oficio en el procedimiento. El argumento es contundente: el Estado es el dueño legítimo de aproximadamente el 70% de la superficie donde el Grupo Loro Parque proyecta levantar el Siam Park grancanario, una condición de propietario mayoritario que, según los denunciantes, ha sido ignorada en la tramitación de los permisos.
La ofensiva de Turcón pone el foco en la naturaleza demanial del terreno, un deslinde de dominio público firme desde hace tres décadas que, a su juicio, inhabilita las pretensiones de titularidad privada sobre el barranco. Al apelar a Hacienda, los ecologistas buscan que Madrid actúe como "tutor último" de un patrimonio que pertenece a la ciudadanía, reclamando la suspensión o revisión inmediata de las autorizaciones otorgadas por el Ayuntamiento y el Cabildo. Para el proyecto de Wolfgang Kiessling, este movimiento supone un nuevo escollo en una carrera de obstáculos burocráticos que parece no tener fin, justo cuando el Segundo Plan de Modernización intentaba despejar el camino normativo.
Más allá de la propiedad del suelo, el escrito de alegaciones —de más de 30 folios— introduce un factor de riesgo que toca la línea de flotación de cualquier licencia de actividad: la seguridad. Turcón alerta de que la canalización del barranco para dar cabida al parque acuático es una "invitación al duelo". En un contexto de crisis climática, los ecologistas denuncian que ocupar un cauce natural con una actividad destinada a una afluencia masiva de personas es una temeridad que ignora los mapas de riesgo de inundación del Estado.
Esta advertencia sobre la ocupación del dominio público hidráulico cuestiona la validez de los permisos sectoriales ya concedidos. Turcón exhorta a Patrimonio del Estado a que evalúe si la transformación del barranco es compatible con la protección de los cauces, sugiriendo que las administraciones canarias han aplicado una "perversa clasificación" del territorio para favorecer la inversión privada por encima del interés general y la seguridad física de los futuros usuarios.
Para el sector turístico del sur de Gran Canaria, esta intervención de Turcón ante el Ministerio de Hacienda añade una capa de incertidumbre jurídica a una inversión que se considera estratégica para la competitividad del destino. Si el Estado decide personarse formalmente como titular del suelo afectado, la validez del Plan de Modernización (PMM) quedaría en el aire, obligando a reiniciar trámites o a negociar concesiones demaniales que hasta ahora no estaban sobre la mesa del Grupo Loro Parque.
La petición de devolución del expediente al Órgano Ambiental marca un punto de no retorno en la estrategia ecologista, que ahora confía en la "neutralidad técnica" de Madrid para frenar las obras. Mientras el municipio de San Bartolomé de Tirajana sigue esperando por el que sería uno de los parques acuáticos más grandes de Europa, el suelo de El Veril se convierte en un campo de batalla legal donde la propiedad pública y los riesgos climáticos amenazan con hundir definitivamente la primera piedra del sueño de los Kiessling en Gran Canaria.
