El conflicto por la acuicultura en la costa de Telde ha subido de temperatura este 3 de marzo de 2026. La Plataforma por un Mar Limpio ha lanzado un órdago al Gobierno de Canarias exigiendo claridad sobre el acuerdo con Aquanaria, la empresa líder en lubina de gran talla que, pese a operar frente a Telde, mantiene su domicilio fiscal en San Bartolomé de Tirajana (concretamente en Castillo del Romeral). Los colectivos vecinales denuncian que lo que se vendió como un "cese de actividad" es, en realidad, un titular vacío sin efectos jurídicos que deja el futuro del litoral a merced de la voluntad empresarial.
La situación administrativa de la concesión Melenara II, ubicada en Salinetas, es el punto de mayor fricción. Según la plataforma, estas instalaciones operan en una zona estrictamente prohibida para la acuicultura, a apenas 355 metros de la playa. A pesar de que la compañía estaba obligada a un desmantelamiento progresivo de la antigua instalación, el colectivo asegura que el Ejecutivo regional ha admitido en reuniones privadas —con el consejero Narvay Quintero y el director general Esteban Reyes— que el acuerdo de cese no es vinculante y que desconocen el estado real del proceso de retirada.
La desconfianza ciudadana se ha agravado tras el episodio de mortandad masiva de peces ocurrido en octubre de 2025. Mientras la Plataforma por un Mar Limpio cuestiona la gestión de la crisis y la veracidad de las cifras oficiales —se registraron 600 toneladas retiradas frente a estimaciones ciudadanas muy superiores—, el Gobierno autonómico se ha escudado en el secreto de sumario impuesto por la Fiscalía para denegar el acceso a los expedientes completos.
Este muro de silencio administrativo contrasta con el músculo financiero de Aquanaria. La empresa, dirigida por Gustavo Larrazábal y radicada fiscalmente en el sur de la isla, factura entre 15 y 30 millones de euros anuales y ha recibido importantes subvenciones públicas en los últimos años, un dato que los colectivos vecinales utilizan para señalar la "indefensión" del municipio frente a los intereses de la industria acuícola. La Plataforma confía ahora en que la Fiscalía actúe con firmeza contra lo que consideran una "inacción institucional" que ha dejado la salud de las playas de Telde en un limbo legal hasta, al menos, el año 2029, fecha oficial del fin de las concesiones si no se ejecuta el acuerdo de retirada anticipada.
