En el corazón del Debate de la Nacionalidad 2026, el presidente Fernando Clavijo ha puesto al sur de Gran Canaria en el centro de su nueva hoja de ruta social. Con una frase que busca marcar un antes y un después en la legislatura —"no permitiremos la especulación mientras los canarios no tengan vivienda"—, el líder del Ejecutivo regional ha anunciado una ofensiva normativa que impactará directamente en los municipios turísticos, donde la convivencia entre la Vivienda Vacacional (VV) y el mercado residencial ha alcanzado su punto de máxima tensión.
Clavijo ha sido tajante al reconocer que el modelo actual está agotado y que la única salida es "romper y empezar de cero". Para el sur de Gran Canaria, esto se traduce en una medida de calado: la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Esta reforma otorgará a los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana y Mogán la potestad legal para limitar zonas específicas donde la compra de inmuebles se reserve exclusivamente a residencia habitual. Es un golpe directo a la expansión incontrolada de la VV en barrios residenciales, buscando frenar el trasvase de casas del mercado local al turístico.
La estrategia presidencial para "enfriar" la especulación en las zonas tensionadas del sur se apoya también en el control de la demanda. Clavijo ha recordado el nuevo blindaje administrativo: el requisito de 12 años de residencia (15 si es ininterrumpida) para acceder a vivienda pública. "Vivienda para los canarios", sentenció, en un mensaje que resuena con fuerza en un sur donde los residentes locales compiten en precios con inversores extranjeros que, según datos del sector, acaparan ya una parte sustancial de las operaciones inmobiliarias.
A pesar de sacar pecho por el ritmo de construcción —situado entre 5.000 y 6.000 viviendas anuales—, el presidente admitió que el motor de la construcción debe acelerar hasta las 15.000 unidades para cubrir la brecha real. En este sentido, el respaldo del Congreso para materializar la RIC en vivienda y la agilización de licencias se presentan como los incentivos para que el sector privado vuelva a edificar en el sur, no para el turista, sino para el trabajador. Con indicadores turísticos que empiezan a mostrar signos de "madurez y enfriamiento", Clavijo ve en la vivienda no solo un derecho, sino el nuevo flotador económico para mantener el empleo ante la incertidumbre global.
