El sector de la seguridad privada en el archipiélago vuelve a encender todas las alarmas. La empresa General de Seguridad Integral Europea S.L. (GSIE Seguridad) ha formalizado su entrada en concurso de acreedores ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Las Palmas, una decisión que llega tras meses de agonía financiera y un reguero de impagos que han asfixiado a su plantilla en ambas provincias canarias.Con una facturación que rondaba los 3 millones de euros anuales, la caída de GSIE no solo representa un fracaso empresarial, sino una crisis social para sus 120 trabajadores.
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO Canarias (FTSP-USO), que ya calificó a la firma como "empresa pirata" en 2025, denuncia que los retrasos en las nóminas y el impago de pagas extraordinarias se habían convertido en una práctica estructural, vulnerando sistemáticamente el convenio colectivo.
La situación ha pasado de las denuncias ante la Inspección de Trabajo a la intervención directa de la justicia. El juzgado ya ha nombrado una administración concursal para tomar las riendas de la gestión, auditar las cuentas y determinar si existe alguna posibilidad de viabilidad o si se procederá a la liquidación definitiva. Para los sindicatos, este caso es el síntoma de una enfermedad más profunda en el sector.
Denuncian que la administración pública sigue adjudicando contratos esenciales basándose únicamente en el precio más bajo, lo que abre la puerta a compañías que, como GSIE, terminan incurriendo en insolvencia tras acumular descubiertos bancarios y tensiones de tesorería que terminan pagando los empleados.
La entrada en fase de concurso abre un periodo de incertidumbre legal donde los trabajadores pasan a ser acreedores privilegiados, pero el cobro de sus salarios atrasados dependerá ahora de la liquidez que la administradora logre rescatar o, en última instancia, del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), un proceso que suele dilatarse meses. Desde los sindicatos se ha elevado una petición formal a las administraciones canarias para que endurezcan los criterios de contratación y ejerzan una supervisión real sobre las empresas adjudicatarias, evitando que el "ahorro" en las licitaciones se convierta en drama social.
