La formación política Drago Canarias ha denunciado la concesión de casi 700.000 euros en subvenciones directas a diversas aerolíneas europeas para la apertura de siete nuevas rutas internacionales y que beneficiaría ingresos de negocios del turismo de Canarias, una medida que choca frontalmente con las crecientes peticiones de limitar la presión demográfica y turística en el archipiélago.
La partida presupuestaria, que asciende exactamente a 695.796,65 euros según datos del Boletín Oficial de Canarias, beneficia a gigantes del sector como Jet2, TUI, EasyJet, SAS y Volotea. El programa de incentivos busca conectar mercados europeos específicos con islas con menor densidad de rutas directas; destacan los más de 350.000 euros destinados a Jet2 para enlazar Birmingham y Londres con La Palma, o los 103.000 euros otorgados a TUI para la conexión entre Estocolmo y Fuerteventura. No obstante, para los críticos, este desembolso representa una subvención encubierta a un modelo de masas que ya muestra signos de agotamiento estructural.
El responsable de Políticas Públicas de la formación, Luis de la Barrera, ha puesto el foco en el coste de oportunidad de estas subvenciones. El análisis de Drago sugiere que la persistencia en financiar el crecimiento cuantitativo del turismo se produce en detrimento de sectores estratégicos como la ciencia, las nuevas tecnologías o el I+D+i, que presentan carencias de inversión crónicas. En un escenario de incertidumbre económica global, el debate subraya la tensión entre la dependencia del sector servicios y la necesidad de una diversificación real que no dependa exclusivamente de atraer mayor volumen de tráfico aéreo hacia un territorio limitado.
Carmen Peña, portavoz nacional de Drago Canarias, ha calificado la medida de "inconcebible", argumentando que las islas ya han superado su "capacidad de carga". La denuncia llega tras un 2025 que batió todos los récords históricos con 18,4 millones de turistas y un total de 22 millones de pasajeros transitando por los aeropuertos canarios. Desde la formación nacionalista de izquierdas se sostiene que el Ejecutivo autonómico incurre en una contradicción flagrante al fomentar activamente la llegada de más visitantes mientras los servicios públicos, las carreteras y los espacios naturales protegidos se encuentran en un estado de colapso técnico.
