Domingo Hernández Tarajano, uno de los empresarios clave en las investigaciones sobre explotación sexual de menores que han conmocionado al archipiélago, ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza. La decisión del magistrado Tomás Martín, titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, marca un punto de inflexión en los casos conocidos como '18 lovas' e 'Íncubo', según Atlántico Hoy.
La medida cautelar, la más severa del ordenamiento jurídico español, no solo responde a la gravedad de los delitos imputados —que incluyen múltiples cargos de abusos y explotación— sino a un riesgo procesal crítico: la interferencia con la justicia. Según fuentes cercanas al proceso, el magistrado ha detectado intentos sistemáticos por parte de Tarajano para presionar a las víctimas y condicionar sus testimonios, una maniobra que ha dinamitado su derecho a la libertad en espera de juicio.
Tarajano ya no duerme en su residencia del sur, sino que se une a Agustín Alemán, alias 'Yino', como los dos principales cabecillas bajo custodia. Mientras 'Yino' actuaba presuntamente como el captador de la red —utilizando falsas agencias de modelos y el suministro de sustancias para anular la voluntad de menores en situación de vulnerabilidad—, el perfil de Tarajano representa al "cliente-financiador" de alto nivel.
El caso pone bajo el foco un patrón delictivo que explotaba las grietas del sistema de protección de menores en Canarias. Muchas de las víctimas residían en centros de acogida de régimen abierto, una libertad de movimiento que la red aprovechaba para su mercantilización. Más de 30 víctimas identificadas y una docena de implicados de alto perfil.
La decisión judicial llega en un momento de máxima tensión para el entorno empresarial de Gran Canaria. En el sumario también figuran nombres de la talla de Eugenio Hernández y Eustasio López, aunque este último figura únicamente en la causa de '18 lovas' y como testigo en 'Íncubo'. Sin embargo, la entrada en prisión de Tarajano envía una señal nítida a los consejos de administración de la isla: la impunidad vinculada al estatus económico está bajo asedio judicial.
El Ministerio Fiscal, ante la acumulación de penas que podrían sumar décadas de cárcel, solicitó el ingreso inmediato ante el evidente riesgo de fuga y, sobre todo, de destrucción de pruebas. Con la prórroga de la instrucción recientemente firmada por el juez Martín, los próximos meses serán determinantes para desmantelar la estructura financiera que sostenía una de las tramas más oscuras de la historia reciente de Canarias.
