El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas adjudica los hoteles de Taurito al Grupo Martinón por 85 millones. El juez rechaza la oferta de Lopesan, ligeramente superior, por "irrelevante" frente a la solvencia operativa de Grumasa. Lopesan dispone de 5 días para recurrir
El pulso por el control del núcleo turístico de Taurito ha entrado en una fase de máxima tensión jurídica tras la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas. El magistrado Alberto López Villarrubia ha adjudicado finalmente el complejo hotelero de Santana Cazorla a la sociedad División Turística Valle Taurito, vinculada al Grupo Martinón, por un importe de 85 millones de euros. La resolución asume las tesis de la administración concursal de Lener, priorizando la continuidad operativa de la marca Livvo frente a la oferta económica de Lopesan, que a pesar de ser 1.000 euros superior, ha sido calificada de "irrelevante" en el cómputo global del plan de liquidación.
El auto judicial fundamenta este descarte en tres pilares que Lopesan ahora estudia impugnar. El primero es la subrogación total en el contrato del parque acuático Lago Taurito, un activo que Martinón integra para blindar los paquetes turísticos ya vendidos a turoperadores internacionales, mientras que el grupo de Eustasio López lo excluyó explícitamente. Esta maniobra de Lopesan habría generado, según el juez, un riesgo de indemnizaciones millonarias para la concursada Mar Abierto, un pasivo que la oferta de Martinón neutraliza al garantizar una transición sin fisuras en la unidad productiva.
Otro punto de fricción reside en la gestión de los derechos de cobro por servicios aún no prestados. El magistrado subraya que los depósitos de los turoperadores, estimados en casi 3 millones de euros, se mantendrán en la masa del concurso bajo la gestión de Martinón, mientras que Lopesan pretendía integrarlos en su propia caja. Esta diferencia en los flujos de caja a favor del concurso compensa con creces el euro de más por cada mil que ofrecía el gigante hotelero de Meloneras, inclinando la balanza patrimonial hacia la propuesta de Grumasa por su mayor beneficio para los acreedores.
Lopesan dispone ahora de un margen crítico de cinco días para presentar un recurso de reposición y tratar de frenar la entrega de los hoteles. La compañía tiene la oportunidad de argumentar que su superioridad económica nominal debería prevalecer o que las valoraciones sobre los riesgos contractuales son subjetivas. Si no logran tumbar el auto, la firmeza de la resolución obligará a Martinón a consignar los 85 millones de euros en un plazo de diez días. En caso de que Grumasa fallara en el pago, la adjudicación rebotaría automáticamente hacia Lopesan, que permanece en la retaguardia judicial esperando un error de su competidor o un giro en los tribunales.
