El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes una resolución que certifica un duro golpe financiero y reputacional para uno de los referentes del consumo en el sureste de Gran Canaria. La Dirección General de Trabajo ha hecho firme una sanción de 49.181 euros contra la empresa Vecindario Supermercados Canarias S.L., matriz de la conocida cadena Supermercados Bolaños, por una infracción calificada como muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
La sanción, que emana del expediente SANREG 086-2025, pone fin a un proceso administrativo iniciado tras un acta de infracción levantada el pasado 7 de noviembre de 2025. El correctivo se ampara en el artículo 13.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), un apartado reservado para negligencias de calado, tales como la ausencia de medidas de protección ante riesgos inminentes o la falta de planes de seguridad que garanticen la integridad física de los trabajadores.
La cuantía de la multa, que roza los 50.000 euros, sitúa el incumplimiento de la empresa en un tramo de especial severidad. Según la resolución firmada por el Director General de Trabajo, José Ramón Rodríguez Albertus, la sanción adquirió firmeza el pasado 2 de marzo, lo que ha obligado a su publicación oficial para conocimiento público, siguiendo el protocolo de transparencia en seguridad laboral que marca el Real Decreto 597/2007.
Supermercados Bolaños, con sede social en la calle Galicia de Santa Lucía de Tirajana, es una de las enseñas locales con mayor implantación en la zona de Vecindario, compitiendo históricamente con las grandes multinacionales del sector. Esta resolución supone una mancha en su trayectoria, especialmente en un sector como el comercio minorista donde la seguridad en la manipulación de cargas, el mantenimiento de maquinaria y la prevención en almacenes son pilares fundamentales de la normativa vigente.
Al haber adquirido firmeza la sanción, la vía administrativa queda agotada para la empresa santaluceña. La publicación en el BOC no es solo un trámite burocrático, sino una medida punitiva adicional destinada a la ejemplaridad en el mercado laboral canario. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, refuerza así su campaña de vigilancia sobre las condiciones de seguridad en las empresas de alta rotación de personal y logística.
