La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra la expresidenta y el exadministrador de la comunidad de propietarios del complejo Apartamentos Australia, en Playa del Inglés, sur de Gran Canaria, por un presunto delito de apropiación indebida agravada. El escrito de acusación detalla un "plan preconcebido" mediante el cual los encausados, M.G.L.L. y A.M.T.F., habrían desviado sistemáticamente fondos de las cuentas comunitarias en beneficio propio y de sus sociedades privadas entre los años 2008 y 2011.
Los propietarios pagaron, sin saberlo, los sueldos de los empleados de Kalima Group Entertainment S.L. (propiedad exclusiva del administrador) y de Sirocco Empresa de Servicios CB. Estos trabajadores no prestaban servicios en el complejo Australia, pero sus salarios se cubrieron con cheques al portador firmados por la presidenta. Se detectaron pagos directos a la entidad Gestiones Turísticas Australia S.L. (donde ambos acusados eran administradores) por trabajos que, según la Fiscalía, nunca se realizaron. Básicamente, se emitieron facturas falsas para justificar la salida de caja. A través de 39 cheques y 3 pagarés emitidos "al portador", la presidenta acudió personalmente al banco para retirar efectivo. Estos movimientos nunca se reflejaron en la contabilidad oficial que se presentaba a los vecinos en las juntas.
El Ministerio Público sostiene que los acusados aprovecharon sus cargos de confianza para realizar múltiples operaciones bancarias opacas. Según el informe, la entonces presidenta utilizó su firma autorizada para emitir cerca de 40 cheques y pagarés al portador, obteniendo un cobro directo de más de 26.000 euros. A esta cantidad se suman otros 44.800 euros sustraídos mediante efectos bancarios que el administrador, encargado de la contabilidad, omitió registrar deliberadamente para facilitar el flujo de fondos hacia intereses ajenos a la comunidad.
La trama técnica descrita por el Fiscal revela que el dinero de los propietarios no solo terminó en manos particulares, sino que sirvió para sufragar los gastos de otras empresas de los acusados. Se les imputa el desvío de casi 30.000 euros para pagar salarios de empleados de la entidad Kalima Group Entertainment S.L. —de la cual el administrador era titular único— y de la firma Sirocco Empresa de Servicios. Además, se detectaron cargos facturados por más de 6.000 euros por servicios jamás prestados por la sociedad Gestiones Turísticas Australia S.L., constituida por los propios encausados.
A pesar de la gravedad de los hechos, que apuntan a un perjuicio patrimonial total que supera los 100.000 euros, el procedimiento llega a la fase de juicio oral con una importante carga de retraso. El escrito fiscal reconoce formalmente dos periodos de paralización judicial (entre 2015-2016 y 2020-2021) no imputables a los acusados, lo que previsiblemente abrirá la puerta a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en la futura sentencia de la Audiencia Provincial.
