El procedimiento judicial conocido como Caso 18 Lovas entra en su fase determinante. Según fuentes jurídicas consultadas por este medio, la Fiscalía se encamina a ratificar una ampliación de las acusaciones contra varios de los investigados, una decisión que se produce en el tramo final de una instrucción que ha marcado la crónica judicial del sur de Gran Canaria desde 2016. Esta modificación procesal supondría que algunos de los señalados, que inicialmente afrontaban cargos por dos presuntos delitos, podrían ver extendida la acusación hasta seis tipos penales diferentes, un extremo que ha encontrado una fuerte oposición por parte de las defensas.
Se trata de un caso donde la acusación particular la ejercen los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias dado que había menores que estaban bajo la tutela del Ejecutivo canario a través de lo que antes se llamaba Dirección General del Menor y ahora Infancia.
La investigación trata de esclarecer la existencia de una supuesta red de explotación que, bajo la apariencia de una agencia de acompañantes, habría operado principalmente entre los años 2015 y 2016. El foco del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas se centra en delitos de presunta prostitución de menores, agresión sexual y trata de seres humanos. En el centro de la trama, las resoluciones judiciales sitúan a Agustín Alemán, alias ‘Yino’, director de la citada agencia, a quien el Ministerio Público señala como el presunto captador y dinamizador de la puesta a disposición de mujeres a terceros.
El proceso mantiene bajo investigación a figuras de relevancia pública y empresarial, entre los que se encuentran el presidente del grupo Lopesan, Eustasio López, así como Eugenio Hernández León, Emilio Cabrera Caballero y Domingo Hernández Tarajano. Sobre este último consta una orden de ingreso en prisión dictada en este ejercicio 2026. La instrucción analiza, entre otros escenarios, lo ocurrido en una propiedad de Ayagaures perteneciente a Hernández, donde presuntamente se habrían contratado servicios de la agencia en los que habrían participado mujeres que rozaban la mayoría de edad.
El escenario procesal se ha vuelto más complejo tras la reciente "Operación Íncubo" de la Policía Canaria en enero de 2025, que investiga si las actividades de explotación detectadas hace una década tuvieron continuidad en el tiempo. Este nuevo vector de investigación ha reforzado la tesis de la Fiscalía sobre la posible concurrencia de un delito de organización criminal, que se sumaría a los cargos de agresión sexual con penetración e intimidación contemplados en el Código Penal.
A pesar de que las defensas de varios investigados sostienen que no existió relación directa con menores o que desconocían la edad de las participantes, el magistrado ha ratificado el procesamiento de las seis personas principales de la causa. El instructor asume los criterios del fiscal al considerar que el nexo común es la estructura supuestamente articulada por ‘Yino’. Con la fase de instrucción prácticamente agotada, la Audiencia de Las Palmas se prepara para un juicio que, por la gravedad de los indicios y el perfil de los encausados, se perfila como uno de los hitos judiciales de la década en el archipiélago.
