¿Qué pasaría si a la obra de ACS y Grupo Vinci en el sur de Gran Canaria se le diera carpetazo? Hay expertos que señalan que con la tecnología de baterías ya es una obra faraónica que no tiene sentido.
La resaca de la borrasca Therese ha dejado en el barranco de Arguineguín algo más que lodo y carreteras cortadas: ha fracturado el consenso sobre la mayor obra de ingeniería civil en la historia de Gran Canaria. Por primera vez, el debate en los pasillos de los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana no gira en torno a los plazos de ejecución, sino sobre una posibilidad que hasta hace poco era tabú: paralizar el Salto de Chira y devolver la financiación a la Unión Europea.
El argumento que cobra fuerza en el sur de la isla es de naturaleza pragmática y defensiva. Los consistorios sostienen que, si la infraestructura actual —modificada por las obras de Red Eléctrica— no es capaz de garantizar la seguridad mínima de núcleos como El Caidero o Huesa Bermeja ante episodios de lluvia intensa, el proyecto nace con un vicio de diseño social inasumible. La pregunta que lanzan los alcaldes al Cabildo y a Red Eléctrica es demoledora: ¿Compensa una batería de agua de 200 megavatios si el precio es la incomunicación crónica de los vecinos del barranco?
Desde un punto de vista financiero, la maniobra sería un seísmo para las cuentas de la comunidad autónoma. Chira-Soria está catalogado como un Proyecto de Interés Común (PIC) y cuenta con una arquitectura de subvenciones y préstamos vinculados a los fondos de recuperación y transformación verde de la Comisión Europea. Devolver el dinero a Bruselas no sería un simple trámite administrativo; implicaría el pago de intereses de demora, posibles penalizaciones por incumplimiento de objetivos de descarbonización y un daño reputacional que dificultaría el acceso de Canarias a futuros fondos estructurales.
Sin embargo, los técnicos municipales sugieren que seguir adelante con un drenaje insuficiente y una morfología del barranco alterada podría salir aún más caro a largo plazo en concepto de responsabilidad patrimonial por daños catastróficos. La exigencia de Mogán y San Bartolomé de redefinir las prioridades —anteponiendo las obras de fábrica y la evacuación de aguas a la instalación de las turbinas— es, en la práctica, una enmienda a la totalidad del plan de obra actual. Si el Cabildo y Red Eléctrica se enrocan en el diseño original por miedo a perder los plazos europeos, el conflicto escalará inevitablemente hacia la parálisis judicial.
La reunión urgente solicitada por los ayuntamientos marcará el punto de no retorno. El Cabildo se enfrenta al dilema de elegir entre el cumplimiento escrupuloso de los hitos marcados por Bruselas o la paz social con los municipios que albergan la infraestructura. En el sur de Gran Canaria, la sensación es que el modelo de "soberanía energética" no puede construirse a costa de la seguridad básica de quienes viven a la sombra de las presas. La sombra de la devolución de los fondos ya no es una bravuconada política; es el último recurso de unos ayuntamientos que sienten que el barranco ya no aguanta más presión.
