El tablero administrativo del sur de Gran Canaria ha comenzado a configurarse ante el vencimiento, en 2027, del macrocontrato de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de playas. Este servicio, piedra angular de la operatividad de un destino turístico de primer nivel europeo como Maspalomas, afronta una transición crítica al finalizar la actual legislatura gestionada por el bloque AV-PP y CC. La gestión municipal busca evitar las tensiones y la improvisación en un proceso donde la precisión técnica resulta determinante para mantener los estándares de calidad exigidos por la industria turística.
La actual unión temporal de empresas (UTE), compuesta por FCC —actualmente bajo capital mexicano—, junto a las firmas locales Lopesan y Bitumex, alcanzará en 2027 su límite operativo de doce años. Esta adjudicación, formalizada en 2016 tras una preparación de los pliegos iniciada en 2013, supuso en su momento una optimización financiera al unificar servicios que antes se ejecutaban de forma segregada, logrando una reducción de costes cercana a los 1,6 millones de euros anuales sobre los 12,3 millones que costaba el modelo previo. El canon anual fijado en aquel contrato ascendió a 10,7 millones, totalizando una cifra de 129,5 millones de euros para todo el periodo.
El sector empresarial local ya empieza a mover sus piezas para la nueva licitación. Pequeñas firmas de la zona configuran equipos de ingeniería orientados a establecer alianzas con grandes grupos europeos, intentando romper la hegemonía de las grandes corporaciones externas. La desconfianza hacia los operadores foráneos resulta evidente en los círculos locales. "Aquí debería puntuar mejor que las alianzas sean con empresas locales, ya estamos hartos de que vengan nórdicos de Las Palmas o godos de Madrid a ofrecernos espejitos como cuando la conquista azteca", sostiene un empresario del sector de la construcción, subrayando una creciente demanda de protección hacia el tejido productivo regional.
Las exigencias del futuro pliego técnico apuntan a un nivel de complejidad superior al del ejercicio anterior. Los nuevos requerimientos deberán contemplar la optimización del cierre de vías interiores, la eficiencia energética, el ahorro de combustibles y la integración de la gestión de residuos con el Ecoparque Gran Canaria Sur, donde operan Prezero y Pérez Moreno. Precisamente, el operador alemán Prezero parte con una ventaja competitiva en la fase de estudio al gestionar actualmente el flujo de datos y los sistemas de reporte diario de la UTE saliente.
El temor a un bloqueo judicial sobrevuela el proceso. En 2013, cuatro grandes actores —Urbaser, Ferrovial Servicios, Santana Cazorla y Valoriza— compitieron contra la propuesta ganadora. Cualquier desajuste en los criterios de adjudicación, que requerirán una alta especialización para evitar errores en las valoraciones finales, podría derivar en recursos contenciosos que paralicen la contrata por años, obligando al Ayuntamiento a recurrir a continuos reconocimientos extrajudiciales de crédito para sufragar los costes operativos. La salvaguarda del empleo y la continuidad de las condiciones del convenio colectivo, aunque este se encuentre vencido, volverán a ser cláusulas vinculantes en una adjudicación que definirá la higiene urbana del sur grancanario hasta bien entrada la próxima década.
