La Fiscalía ha elevado a la Audiencia Provincial de Las Palmas la petición de apertura de juicio oral contra tres individuos interceptados en el sur de Gran Canaria con un alijo de estupefacientes valorado en casi 18.000 euros. Los acusados, identificados como I.B.L., D.D.G. y A.R.P., fueron sorprendidos por la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana —partido judicial de San Bartolomé de Tirajana— durante un control rutinario en el aparcamiento de la Plaza Cerruda. La operación, ejecutada el pasado 25 de abril de 2024, se saldó con la incautación de 2.481 gramos de resina de cannabis ocultos en el vehículo en el que viajaban los procesados.
El registro policial no solo reveló la presencia de las 25 placas de hachís, cuyo valor de mercado se estima en 16.672 euros, sino que también permitió intervenir importantes sumas de dinero en efectivo fraccionado. En el momento de la detención, los agentes localizaron 1.020 euros en posesión de I.B.L. y 671 euros en manos de D.D.G. Posteriormente, tras el cacheo en dependencias policiales, se hallaron envoltorios adicionales: 19,48 gramos de cocaína de alta pureza (81,2%) ocultos entre las pertenencias de D.D.G. y otra cantidad menor de resina de cannabis portada por I.B.L.
El Ministerio Fiscal sostiene que la totalidad de las sustancias, con un valor conjunto de 17.960,5 euros, estaba destinada a la venta ilícita para obtener un beneficio económico, atentando así contra la salud pública. Los hechos han sido calificados como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Cabe destacar que, de los tres acusados, solo D.D.G. cuenta con antecedentes penales previos, aunque estos no son computables a efectos de reincidencia para esta causa.
La acusación solicita para cada uno de los implicados una pena de cuatro años de prisión y una multa de 23.880 euros, además de la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, el Ministerio Público ha interesado el decomiso y destrucción de la droga intervenida, así como la confiscación del dinero en efectivo, cuya procedencia se vincula directamente con la actividad delictiva. El procedimiento queda ahora a la espera de la vista oral ante la Audiencia Provincial para dirimir la responsabilidad criminal de los autores.
