La Audiencia de Cuentas de Canarias ha señalado graves deficiencias en la planificación administrativa de San Bartolomé de Tirajana dentro de su informe de seguimiento de la programación contractual de 2023. El ayuntamiento reconoció formalmente en sus alegaciones del 12 de enero de 2026 que incumplió la obligación legal de programar su contratación durante el ejercicio analizado. Este déficit de previsión sitúa al municipio dentro de un patrón generalizado en el archipiélago, donde apenas el 1% de las entidades locales cumplió con el deber de publicitar sus planes de contratación en tiempo y forma.
El equipo de gobierno municipal sostiene haber implementado medidas correctoras que han permitido regularizar la situación durante los ejercicios 2024 y 2025. El órgano fiscalizador confirma que la programación de 2025 ya consta debidamente registrada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sin embargo, el informe advierte que los datos correspondientes a 2024 se limitaron al portal de transparencia municipal, omitiendo el cauce legal principal exigido por la normativa estatal.
La institución fiscalizadora, bajo la firma de su presidente Pedro Pacheco González, ha dictado recomendaciones específicas para que las concejalías de Hacienda exijan la programación contractual de forma simultánea a la elaboración de los presupuestos de 2026. Se reclama la creación de un sistema de vigilancia estricto para que las empresas y entidades dependientes del ayuntamiento no operen al margen de la transparencia obligatoria. El informe subraya que la falta de informes de ejecución impide evaluar si el gasto final se ajusta a lo inicialmente proyectado.
La opacidad en la contratación se suma a las dificultades detectadas en la fiscalización de contratos vencidos y el uso del reconocimiento extrajudicial de crédito. La Audiencia de Cuentas insta a los órganos de control interno de San Bartolomé de Tirajana a dictar instrucciones claras sobre los contenidos y fechas de aprobación de sus planes de gasto. El objetivo de estas directrices es erradicar una cultura administrativa basada en la improvisación que, según los datos de 2023, ha lastrado la transparencia del principal motor económico de Gran Canaria.
