La actual coyuntura inmobiliaria en el sur de Gran Canaria ha dejado de ser una cuestión de mercado para transformarse en una batalla legal de derechos fundamentales. Alejandro Abreus, consultor inmobiliario especializado, señala a San Bartolomé de Tirajana y Mogán como la "zona cero" de un conflicto donde el derecho a la propiedad privada, blindado por el artículo 33 de la Constitución, colisiona frontalmente con la imposición administrativa de la explotación turística única.
El escenario de fractura se agudiza en enclaves como Arguineguín y Patalavaca, donde residentes de larga duración y propietarios internacionales —especialmente la comunidad noruega— denuncian presiones corporativas para forzar cesiones de uso. El mecanismo utilizado es la aplicación rígida de la Ley 2/2013, que bajo la amenaza de sanciones por "uso indebido" del suelo turístico, empuja a los ciudadanos a vender sus activos a grandes operadores por precios que se sitúan sistemáticamente por debajo del valor real de mercado.
La resistencia ciudadana se ha articulado en torno a la PALT (Plataforma de Afectados por la Ley Turística), cuya labor de defensa es vital ante lo que Abreus califica como un "vaciamiento del derecho a la propiedad". Mientras en el resto de la isla las transacciones fluyen bajo dinámicas orgánicas, en el litoral sur impera una inseguridad jurídica que cuestiona la premisa bajo la cual miles de europeos invirtieron sus ahorros en la isla: la certeza de que su casa les pertenecía para vivir en ella.
Este conflicto de intereses no es aislado. Se suma a la reciente presión judicial en la zona, como el revés de la Audiencia Nacional al Hotel Faro de Maspalomas por el deslinde de costas o la fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por irregularidades en la planificación contractual. El sur grancanario se enfrenta a un 2026 decisivo donde la jurisprudencia del TSJC sobre la "Unidad de Explotación" determinará si el modelo turístico del futuro tiene espacio para el pequeño propietario o si el litoral quedará blindado exclusivamente para el gran capital.
