Excelente noticia para el sur de Gran Canaria que, por si los inversores de Las Palmas no lo saben, es un destino turístico. La eólica marina en el sur de Gran Canaria se enfrenta a un muro jurídico que compromete el despliegue de 250 megavatios de energía limpia. La Audiencia Nacional, en una sentencia dictada el pasado 25 de febrero de 2026, ha ratificado el freno administrativo a los planes de la empresa gallega Greenalia. Los magistrados han respaldado la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de denegar el acceso a la red eléctrica a través de la subestación Barranco de Tirajana III.
El conflicto legal nace de la estrategia de tramitación empleada por el grupo de Manuel García Pardo. La Dirección General de Política Energética y Minas detectó una fragmentación artificial del proyecto global. La empresa intentó registrar cinco parques independientes de 50 megavatios —denominados Gofio, Guanche, Cardón, Mojo y Dunas— en lugar de un único complejo de 250 megavatios. Esta maniobra buscaba evitar la regulación más exigente y los procedimientos de concurrencia competitiva obligatorios para instalaciones de gran potencia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya advirtió en 2023 sobre la distorsión del sistema que suponía ocupar un espacio marítimo concreto en San Bartolomé de Tirajana sin pasar por los filtros de concurrencia. Los jueces sostienen que el impacto ambiental y técnico de varios parques contiguos es igual o superior al de una sola gran infraestructura. Esta tesis ha dejado fuera de juego a cuatro de los cinco proyectos presentados, sobreviviendo únicamente el parque Gofio en el catálogo de activos futuros de la compañía.
Greenalia denunció ante la Audiencia Nacional que el regulador se basó en premisas falsas y se extralimitó en sus funciones al enjuiciar la forma de tramitación. La defensa de la eléctrica argumentó que la CNMC no podía bloquear el acceso a la red partiendo de una supuesta incorrección en las garantías. El tribunal ha desestimado estas quejas de forma contundente. La sentencia aclara que la inadecuación del procedimiento general frente al de concurrencia competitiva invalida automáticamente las solicitudes de acceso a la red de transporte.
Este varapalo judicial coincide con un cambio de rumbo estratégico de la compañía, que ha desplazado su foco inversor hacia el mercado fotovoltaico en Estados Unidos. El bloqueo en las costas canarias por parte de Red Eléctrica, el Ministerio para la Transición Ecológica y los tribunales cierra la puerta a una tramitación por la vía rápida. La justicia subraya que la normativa de parques mayores no puede eludirse mediante el fraccionamiento de proyectos, garantizando así la libre competencia y el control riguroso del espacio marítimo en el sur de la isla.
