La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra AMR, de nacionalidad cubana y mayor de edad, por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años ocurrido en la madrugada del 6 de mayo de 2023 en una vivienda del sur de Gran Canaria. La causa, según ha podido confirmar Maspalomas24H, se tramita ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, y la Fiscalía pide que se remita el procedimiento a la Sección de la Audiencia Provincial que por turno corresponda para la celebración del juicio oral.
Según el escrito de acusación, el acusado colocó un colchón junto a la cama donde dormía su hija con su amiga, identificada como SDR (nacida en 2008), se situó detrás de la menor y rozó su pene contra ella, colocándolo entre sus piernas sin llegar a penetrarla. Posteriormente, siempre según la Fiscalía, se arrodilló y se masturbó mientras tocaba la pierna de la joven, que se marchó al baño y rechazó la petición del acusado de que le diera un beso.
La denuncia fue presentada por la madre y representante legal de la menor ante la Policía Nacional de Maspalomas el mismo 6 de mayo de 2023. El informe pericial psicológico aportado al sumario concluye que la víctima presenta secuelas emocionales, cognitivas y sociales compatibles con un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos vinculados a los hechos investigados.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de agresión sexual a menor de 16 años, tipificado en el artículo 181.1 del Código Penal, y acusa a AMR como autor en virtud de los artículos 27 y 28 del mismo texto legal. No aprecia circunstancias modificativas de responsabilidad penal.
Como pena, la acusación solicita cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y la imposición de libertad vigilada por cuatro años tras el cumplimiento de la pena, con la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia o trabajo. Además reclama seis años de inhabilitación para la patria potestad y ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o profesión. También se pide la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por un período de cuatro años. En el apartado civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 18.000 euros para la víctima, con aplicación del interés legal correspondiente.
