El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana atraviesa una de las crisis institucionales más agudas de su historia reciente, marcada por una contradicción que roza el surrealismo político. Mientras el pleno municipal validaba este 13 de abril de 2026 un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana destinado a "empoderar" al vecino, el núcleo duro del gobierno se desmoronaba legalmente. El alcalde, Francisco García, junto a cinco de sus concejales, ha pasado formalmente a la condición de no adscrito tras su expulsión de la coalición Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista. Este movimiento, certificado por un informe de la Secretaría General, convierte al actual grupo de gobierno en un gabinete de tránsfugas con derechos políticos limitados y en una situación de minoría técnica.
La paradoja es absoluta. El equipo de gobierno defiende como "ejemplar" un reglamento que presume de abrir las puertas a la ciudadanía, pero lo hace desde un búnker político cercado por la deslealtad institucional. La ruptura se consumó tras la marcha de los ediles a Municipalistas Primero Canarias, la formación impulsada por los alcaldes de Gáldar y Agüimes. Al expulsar a sus antiguos socios de Nueva Canarias para intentar mantener el control, Francisco García no solo ha dinamitado la estabilidad del pacto, sino que ha quedado a merced de una sentencia de 2020 que el propio Ayuntamiento impulsó en el pasado y que ahora dicta su paso al grupo de no adscritos, restringiendo su capacidad de maniobra justo cuando más necesita legitimidad.
En este contexto de debilidad, el reglamento aprobado actúa más como una línea de defensa que como un puente hacia el vecino. Ante las alegaciones ciudadanas que exigían un modelo de Gobierno Abierto, donde las personas individuales tuvieran mayoría de decisión, el consistorio ha optado por un repliegue estratégico. La respuesta oficial ha sido blindar el "protagonismo del tejido asociativo", una estructura que el gobierno considera más controlable y permeable a la influencia política que la voluntad imprevisible de una ciudadanía independiente. Es la arquitectura de una "paradona" técnica: legislar sobre la participación para asegurar que el control de los barrios no escape a las manos de quienes hoy ostentan el poder de forma precaria.
El apuntalamiento final de este esquema de control se ha materializado con la inclusión de la proporcionalidad política en todos los consejos sectoriales. Bajo la apariencia de una concesión a la pluralidad democrática, el Ayuntamiento ha garantizado que el debate vecinal sea una réplica exacta del salón de plenos. Al mimetizar la composición de los órganos de participación con las comisiones informativas, se asegura que cualquier demanda social llegue tamizada por la lógica de los partidos. Santa Lucía estrena hoy un reglamento de vanguardia sobre el papel, pero lo hace bajo el mando de un gobierno amortizado y señalado por el transfuguismo, logrando que la apertura sea el mecanismo perfecto para que la estructura de poder permanezca inalterable.
