La trayectoria procesal de Tivoli Puerto Rico SL del sur de Gran Canaria se ha convertido en un caso paradigmático del laberinto administrativo en el que pueden quedar atrapados los contribuyentes. Lo que comenzó como una discrepancia sobre el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 se ha transformado en un calvario judicial de más de 18 años, marcado por la brecha de seguridad de LexNET en 2017 y una rigidez procedimental que ha dejado a la entidad al borde de la indefensión.
El periplo de la sociedad, representada por el procurador Ivo Baeza Stanicic y asistida por el letrado Enrique Saavedra Martínez, atraviesa diversas estaciones. Tras la liquidación practicada por la Inspección, la entidad inició su reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Canarias en 2014. El rechazo a sus pretensiones derivó en un recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en julio de 2017, cuya inadmisibilidad por extemporaneidad —argumentada por haberse presentado un día después del plazo— inició el actual conflicto sobre los fallos técnicos de la Administración.
La entidad sostiene que el día 26 de julio de 2017, fecha límite para la presentación, fue imposible acceder a la sede electrónica debido a las anomalías informáticas que afectaron a múltiples plataformas estatales, un hecho notorio que el TEAC y, posteriormente, la Audiencia Nacional, no dieron por acreditado. La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, dictada en enero de 2025, desestimó el recurso al considerar que la empresa no probó de forma fehaciente la imposibilidad técnica, a pesar de que la propia entidad solicitó aclaraciones y certificados a la Administración que nunca obtuvieron respuesta satisfactoria.
La admisión a trámite del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo cambia ahora el horizonte de este calvario. La Sala ha identificado un interés casacional objetivo, planteando una duda jurídica que trasciende a Tivoli Puerto Rico SL: ¿es exigible al administrado una "prueba diabólica" sobre los fallos de un sistema cuya gestión y control corresponden en exclusiva al Estado? La Sala determinará si, ante un hecho notorio como la brecha de seguridad de LexNET, la inactividad de la Administración al no responder sobre las incidencias técnicas puede equivaler a una vulneración del derecho a la buena administración.
Este pronunciamiento no solo decidirá el futuro del litigio sobre el Impuesto de Sociedades de 2008, sino que establecerá una doctrina crucial sobre la responsabilidad en las relaciones digitales con el fisco. Mientras tanto, el proceso sigue su curso hacia la Sección Segunda de la Sala Tercera, donde se resolverá si el esfuerzo procesal de esta entidad ha sido un ejercicio legítimo de defensa o un periplo estéril frente a un muro burocrático que, a menudo, parece inmune a sus propios fallos tecnológicos.
