La Fiscalía, en el Procedimiento sumario ordinario tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de San Bartolomé de Tirajana, ha formulado conclusiones provisionales solicitando 15 años de prisión para KeM por un delito de agresión sexual con acceso carnal a una menor de 15 años, además de medidas accesorias y una indemnización civil de 20.000 euros. Según el escrito fiscal, la noche del 24 de julio de 2023 el procesado, mayor de edad, natural de Marruecos y en situación irregular en España, se encontraba con un amigo en las inmediaciones del parque junto al Centro Comercial Puerto Rico, en el término municipal de Puerto Rico‑Mogán, cuando conoció a la menor IPF, de 15 años, que estaba acompañada de su prima. Tras conversar y pasear por la playa, decidieron dirigirse al complejo residencial Arizona.
Hacia la 01:10 horas del 25 de julio de 2023, en la sala de libros junto a la piscina del complejo, la Fiscalía relata que el procesado sujetó a la menor por los brazos y las caderas, la sentó sobre él, le retiró la ropa interior y la penetró vaginalmente en contra de su voluntad. La víctima presentó múltiples lesiones, entre ellas hematomas en brazos, piernas y muslos, erosiones y lesiones en la zona genital; además, padece síndrome de estrés postraumático con un tiempo medio de estabilización estimado en 180 días, perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida moderado durante 10 días y básico durante 170 días, y secuelas moderadas derivadas del estrés postraumático.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal, tipificado en los artículos pertinentes del Código Penal en la redacción dada por la L.O. 4/2023, y señala a KeM como autor conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal. El procesado estuvo en prisión provisional desde el 7 de noviembre de 2023 hasta el 19 de abril de 2024.
Como pena principal solicita 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Asimismo pide una medida de libertad vigilada de 10 años a ejecutar tras la privación de libertad, inhabilitación especial para actividades con contacto regular con menores durante 20 años, prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y de comunicación con la víctima durante 20 años, y la expulsión del territorio español tras cumplirse dos tercios de la pena, con prohibición de retorno por ocho años. Finalmente, la Fiscalía reclama el abono de costas y la responsabilidad civil del procesado, pidiendo que se le imponga indemnizar a IPF con 20.000 euros por los perjuicios morales y las lesiones sufridas, con devengo del interés legal incrementado en dos puntos.
