La justicia ha propinado un severo revés a las aspiraciones de Primero Canarias (Prica) en el sur de Gran Canaria. Beatriz Rallo, magistrada del Juzgado de Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Samuel Henríquez, concejal en San Bartolomé de Tirajana, y el Bloque Nacionalista Rural (BNR). Los demandantes pretendían suspender el acuerdo de Nueva Canarias-Frente Amplio que los señalaba como "tránsfugas", una calificación que acarrea la pérdida de privilegios económicos y políticos en el consistorio sureño.
El núcleo del conflicto reside en la interpretación de la salida de Henríquez de la formación liderada por Román Rodríguez. Mientras el concejal sostiene que abandonó el partido pero se mantuvo dentro de la coalición electoral original a través del BNR, la jueza ha sido tajante al invocar el Pacto Antitransfuguismo. Según el auto, se considera tránsfuga a quien abandona el partido político que propuso su inclusión en la lista electoral sin el consentimiento de este, aunque recale en otra formación del mismo espacio de coalición. Para la magistrada, este movimiento supone, bajo un primer análisis, un fraude de ley y una transgresión de los acuerdos de estabilidad política.
La consecuencia administrativa inmediata en San Bartolomé de Tirajana es la transición de Samuel Henríquez a la condición de concejal "no adscrito". Este estatus, recogido tanto en la Ley de Bases del Régimen Local como en el propio reglamento municipal del ayuntamiento tirajanero, limita drásticamente los derechos económicos y de representación del edil. Aunque el auto reconoce que existe urgencia por la notificación ya enviada a las corporaciones locales, deniega la protección cautelar al no apreciar "apariencia de buen derecho" en la postura de los demandantes, quienes además no aportaron los estatutos del partido del que causaron baja.
Esta resolución judicial no solo afecta al equilibrio de fuerzas en el sur, sino que proyecta una sombra sobre situaciones análogas en otros municipios de la isla, como Santa Lucía de Tirajana, donde el alcalde Francisco García mantiene un pulso similar. Por el momento, el fallo impone el pago de las costas procesales a Henríquez y al BNR, aunque la decisión no es firme y podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial. La sentencia refuerza la tesis de Nueva Canarias de que la salida de sus cargos electos para integrarse en Primero Canarias debe ser penalizada con la pérdida de los recursos destinados a los grupos municipales.
