La Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria ha elevado al ámbito penal la gestión de las inundaciones provocadas por la borrasca Therese, interponiendo una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas. El escrito acusa a las principales instituciones y empresas vinculadas al proyecto de la central hidroeléctrica de Salto de Chira de una presunta cadena de negligencias ocurridas entre el 18 y el 24 de marzo de 2026. Según los denunciantes, el incumplimiento de los protocolos de emergencia y la apertura del desagüe de la presa de Soria durante el temporal multiplicaron el caudal del barranco de Arguineguín, dejando aisladas a 3.000 personas y comprometiendo la seguridad física de los residentes.
El colectivo señala que el proyecto no implementó el Plan de Emergencia de Presas exigido por el Real Decreto 264/2021, ignorando además las directrices fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental. La denuncia sostiene que las obras facilitaron vertidos de lodos y materiales de construcción directamente al dominio público y a áreas marítimas protegidas, tras inundarse los túneles y el circuito hidráulico de la infraestructura. Esta situación ha sido documentada por la plataforma mediante imágenes del satélite Copernicus, que muestran una extensa mancha de sedimentos en la costa en fechas coincidentes con el paso de la borrasca.
La lista de presuntos responsables señalada ante el Ministerio Público incluye a Red Eléctrica de España, la UTE Salto de Chira y la dirección facultativa de Novotec. En el plano institucional, la plataforma apunta al Cabildo de Gran Canaria, al Consejo Insular de Aguas y a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias. El texto jurídico califica los hechos bajo cuatro figuras delictivas: riesgo catastrófico por imprudencia grave, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de socorro.
Uno de los puntos críticos de la denuncia reside en la ausencia de sistemas de alerta temprana. La plataforma argumenta que los vecinos no recibieron avisos en sus dispositivos móviles ni contaron con sensores o altavoces que informaran sobre el aumento súbito de las escorrentías. Para sustentar estas acusaciones, los firmantes, Rosario Correa y Honorio Galindo, han aportado un dossier con pruebas videográficas, actas de reuniones vecinales y una relación de testigos que presenciaron los rescates en el cauce que divide los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
