La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra un individuo por un presunto delito contra la libertad sexual cometido en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El escrito de acusación, derivado de las diligencias instruidas por el Juzgado de Número 1 de San Bartolomé de Tirajana, detalla hechos que se remontan al verano de 2018. Según el Ministerio Público, el acusado abordó a una menor de 12 años en el domicilio familiar de su hermano, realizando tocamientos y actos destinados a menoscabar su indemnidad sexual.
El relato acusatorio destaca que la víctima, nacida en 2005, ha requerido asistencia psicológica especializada como consecuencia de los episodios vividos en el sur de Gran Canaria. La calificación jurídica sitúa los hechos bajo el amparo del artículo 183.4 del Código Penal, conforme a la reforma vigente desde julio de 2015, que castiga los delitos sexuales contra menores de 16 años. El fiscal no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes, señalando al acusado como autor directo y único de los hechos.
La petición de penas es severa, reflejando la gravedad de los delitos cometidos en el ámbito de la confianza familiar. La Fiscalía interesa una condena de cinco años de prisión, sumada a una inhabilitación especial de cinco años adicionales para cualquier oficio que conlleve contacto con menores. El Ministerio Fiscal también solicita la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima en un radio de 500 metros durante un periodo de diez años, además de la imposición de una medida de libertad vigilada por un lustro una vez cumplida la pena privativa de libertad.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación exige una indemnización de 10.000 euros para la víctima por los daños morales ocasionados. Esta cuantía se vería incrementada por los intereses legales correspondientes, tal como estipula la Ley de Enjuiciamiento Civil. El caso pasará ahora a la Audiencia Provincial, donde se determinará la responsabilidad criminal del procesado en un proceso que subraya la vigilancia judicial sobre la protección de los menores en la comarca del sureste y sur de la isla.
