Durante cuarenta años, la costa canaria ha sido gobernada por una geometría de despacho que no entiende de mareas atlánticas ni de rocas volcánicas. La nueva ley canaria de Costas es un intento de desobediencia civil administrativa: un papel que pretende decir que, en un archipiélago, el límite entre el agua y el cemento es una cuestión de identidad, no solo de metros de servidumbre. Nueve mil especies marinas observan, desde su silencio biológico, cómo los humanos intentan legislar el caos del océano canario. El equilibrio que busca el Gobierno de CC es una quimera burocrática: proteger la biodiversidad mientras se mantiene el buffet libre del turismo, una armonía que solo existe en los preámbulos de los anteproyectos de ley.
Reubicar un pueblo costero es, en Canarias, un eufemismo para el exilio. Sin espacio hacia el interior, la orilla se convierte en la única trinchera posible. La ley de costas canaria nace para legalizar la nostalgia de vivir donde rompen las olas, un lujo que el Estado central confunde habitualmente con una infracción administrativa. Así, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la maquinaria para redactar su primera Ley de Gestión del Litoral, un movimiento legislativo que busca emancipar a las islas de la "rigidez continental" de la normativa estatal. Tras décadas de choques administrativos con Madrid, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha iniciado la consulta previa para un anteproyecto que promete ser el escudo definitivo contra la aplicación "sin matices" de la Ley de Costas de 1988, una norma diseñada para el Mediterráneo o el Cantábrico que, según el Ejecutivo autonómico, ignora sistemáticamente la realidad de un archipiélago con 1.126 kilómetros de costa fragmentada.
El informe de la Dirección General de Costas, firmado por Antonio Manuel Acosta, justifica la urgencia de esta ley bajo un principio de supervivencia territorial. A diferencia de la península, Canarias no puede permitirse una "retirada generalizada hacia el interior" para liberar el dominio público, sencillamente porque la orografía y el tamaño de las islas obligan a la mayor parte de la población y de la actividad económica a coexistir con el salitre. El texto oficial destaca la "fragilidad ecológica" de un ecosistema que alberga 9.000 especies marinas —muchas de ellas endémicas—, pero subraya que el equilibrio no debe pasar por la expulsión del habitante, sino por una gestión con "conocimiento local".
Uno de los puntos más pintorescos y políticamente sensibles del documento es el reconocimiento expreso de los núcleos de población existentes en el litoral. La futura ley aspira a proteger, ordenar y, solo cuando sea estrictamente necesario, reubicar estos asentamientos, muchos de los cuales viven bajo la amenaza constante de derribos ordenados desde despachos a 1.500 kilómetros de distancia. El Gobierno canario considera "insostenible" seguir aplicando un marco normativo abstracto que olvida la discontinuidad geográfica y la histórica vinculación de los isleños con su costa, reivindicando la competencia exclusiva que le otorga el Estatuto de Autonomía.
La normativa no solo mirará hacia la tierra; también pretende ordenar el "espacio marítimo canario", las aguas que unen las islas. El objetivo es regular actividades crecientes como la producción de energía eléctrica marina y la pesca, evitando el caos regulatorio. El Ejecutivo descarta como alternativa proponer una reforma de la ley estatal en las Cortes Generales, calificándolo de proceso "incierto" que diluiría las necesidades canarias en un debate nacional. Con esta ley, Canarias se suma a la vía abierta por Cataluña, Galicia y Valencia, buscando una "simplicidad de regulación" que garantice la salud ambiental sin asfixiar el derecho de las islas a seguir viviendo de cara al mar.
