El Gobierno de Canarias ha desbloqueado la ejecución de un sistema estratégico de almacenamiento energético en el sur de Gran Canaria. El Decreto 61/2026, publicado este lunes 27 de abril, autoriza la hibridación del parque eólico Punta Tenefé con una infraestructura de baterías de 4,5 MWh. La decisión, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se ampara en el interés general para sortear las restricciones del planeamiento urbanístico vigente en San Bartolomé de Tirajana.
El proyecto, promovido por la entidad Marina South Beach, S.L., contempla una inversión aproximada de 593.686 euros. La arquitectura técnica de la planta incluye la instalación de trece racks de baterías de litio CATL y dos centros de transformación con una potencia instalada de 2,2 MW. Esta infraestructura permitirá gestionar los excedentes de los aerogeneradores preexistentes, que suman una capacidad de 5,4 MW, estabilizando el flujo eléctrico en un subsistema insular históricamente vulnerable a los vertidos de energía renovable.
Las autoridades justifican la urgencia de la obra bajo la Declaración de Emergencia Energética de la comunidad autónoma. El Ejecutivo regional subraya que el almacenamiento es la pieza clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles, cuya generación en las islas resulta significativamente más costosa que en territorio peninsular. Según las estimaciones oficiales, la hibridación de Punta Tenefé evitará la quema anual de casi 80 toneladas equivalentes de petróleo y reducirá las emisiones de CO2 a la atmósfera en 464 toneladas al año.
El Cabildo de Gran Canaria ha condicionado su aval a estrictos criterios de integración paisajística. La promotora deberá emplear materiales y colores miméticos con el entorno del Matorral para minimizar el impacto visual en el Polígono 11. Asimismo, el decreto obliga a la restauración total del terreno y la eliminación de infraestructuras de acceso una vez finalice la vida útil de la planta, asegurando que el despliegue tecnológico no comprometa la recuperación ambiental de la zona a largo plazo.
El acuerdo del Gobierno de Canarias no solo legitima la construcción inmediata, sino que ordena la modificación de los planes territoriales afectados en su próxima revisión sustancial. Esta maniobra administrativa confirma la determinación del gabinete de Fernando Clavijo por acelerar la descarbonización de la economía canaria para 2040, priorizando la soberanía energética frente a las demoras burocráticas del urbanismo local.
