El Gobierno de Canarias ha oficializado la descentralización de la gestión de la dependencia en el municipio de Mogán para intentar desbloquear el colapso administrativo regional. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias este 27 de abril de 2026, la Consejería de Bienestar Social encomienda al ayuntamiento sureño la competencia técnica para valorar la situación de los solicitantes y elaborar sus Programas Individuales de Atención (PIA). La administración autonómica justifica este movimiento por su propia "insuficiencia de medios personales y materiales" para cumplir con los plazos legales, que actualmente superan con creces el máximo de seis meses.
La alianza administrativa, suscrita por la consejera Candelaria Delgado y la alcaldesa Onelia Bueno, otorga a los profesionales municipales de Mogán la autoridad para aplicar el baremo de valoración directamente en los domicilios de los vecinos. Este convenio, con vigencia hasta febrero de 2029, no supone ninguna transferencia de fondos por parte del Ejecutivo regional hacia el consistorio. Es el Ayuntamiento de Mogán quien asume íntegramente los costes de personal y la logística técnica, incluyendo la dotación de equipos informáticos táctiles para la recogida de firmas digitales in situ.
El texto del convenio enfatiza la proximidad como el valor diferencial de esta gestión delegada. Los servicios sociales municipales, por su cercanía diaria con los residentes, se consideran el órgano idóneo para realizar un seguimiento continuado y ofrecer una valoración rápida ajustada a la realidad asistencial del entorno. A cambio de este esfuerzo local, la Dirección General de Dependencia se compromete por escrito a resolver los expedientes remitidos desde Mogán en un plazo máximo de 30 días, acelerando significativamente el acceso a las ayudas.
En el plano técnico y de seguridad, el Ayuntamiento de Mogán operará bajo la figura de "Encargado del Tratamiento" de datos personales, utilizando obligatoriamente la plataforma SIDECAN. A pesar de esta cesión operativa, la Consejería de Bienestar Social mantiene la titularidad de la competencia y la potestad última de dictar la resolución administrativa definitiva. Este modelo de cooperación interadministrativa se presenta como la solución de emergencia para garantizar el derecho de las personas dependientes a un acceso ágil al sistema público de apoyos en el archipiélago.
