En Las Palmas es noticia el funcionamiento del área de Urbanismo en manos de gente de Las Palmas. Y es que el departamento de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, pieza clave en el engranaje económico del sur de Gran Canaria, se enfrenta a una crisis de gobernanza interna tras la denuncia de graves irregularidades administrativas y financieras. Un escrito registrado el 22 de abril de 2026 ante el consistorio alerta sobre un absentismo laboral estructural protagonizado por el jefe de Disciplina Urbanística, Juan Bordes. El documento señala que funcionario habría estado ausente de su puesto de trabajo de forma continuada desde septiembre de 2024, sin que conste una causa justificada o autorización formal para tal fin. No se entra en el texto si ese teletrabajo se ha producido estando Bordes en España.
La denuncia, presentada por Juan Manuel Pérez, sostiene que el responsable del área no ha hecho acto de presencia en el ayuntamiento durante el último año y medio, periodo en el que el denunciante asegura haber acudido a las dependencias municipales entre 15 y 20 veces sin localizarlo. Esta situación cuestiona la operatividad de una concejalía sensible, dirigida por Davinia Ramírez, donde la gestión de expedientes urbanísticos se encontraría comprometida. El escrito advierte que la supuesta modalidad de teletrabajo no exime al directivo de la presencialidad ni del control de rendimiento, elementos que parecen haberse diluido en este departamento.
La vertiente económica de la denuncia pone bajo sospecha el uso de fondos públicos en el municipio sureño. A pesar de su ausencia prolongada, el funcionario habría percibido sus retribuciones íntegras, incluyendo un complemento de productividad estimado en 7.000 euros trimestrales. El perjuicio económico total para las arcas municipales se calcula entre los 70.000 y 100.000 euros desde septiembre de 2024, sumando sueldos y gratificaciones vinculadas a un desempeño que el denunciante califica de inexistente. El escándalo se extiende a posibles infracciones de incompatibilidad en la función pública. Existen sospechas de que el jefe de Disciplina Urbanística compatibiliza su cargo con una actividad privada como abogado sin la autorización preceptiva, lo que constituiría una falta muy grave. Ante estos indicios, se ha solicitado al alcalde la apertura inmediata de una investigación interna y la revisión de los registros de presencia y nóminas para depurar responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal.
El foco de la controversia se centra en el plus de productividad, un concepto que ha pasado de ser un presunto cobro indebido a un arma de supuesta represalia institucional. En una querella criminal presentada por el propio Juan Bordes contra la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, el funcionario denuncia haber sido objeto de un entramado de irregularidades y acoso laboral. Bordes sostiene que, tras negarse a ejecutar órdenes presuntamente ilegales, sufrió un aislamiento profesional y fue el único técnico del área excluido del cobro de las productividades, una medida que califica como represalia directa.
La resolución de este bloqueo en los pagos habría requerido la intervención directa del alcalde, Marco Aurelio Pérez, a quien el funcionario desvincula de las presuntas irregularidades. Según la versión de Bordes, fue la mediación del primer edil la que permitió frenar el acoso y desbloquear el abono de sus productividades, un extremo que choca con la denuncia externa que cuestiona la legalidad de dichos cobros ante la falta de actividad presencial del trabajador. Mientras la denuncia de absentismo sugiere una falta de control por parte de Recursos Humanos e Intervención, la querella del funcionario describe una manipulación de expedientes y presiones internas que ya han sido elevadas al Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana. La magistrada ha acordado incoar diligencias para esclarecer si el uso de estos complementos salariales y la gestión de la disciplina urbanística en el principal municipio turístico de la isla responden a una operativa administrativa lícita o a un esquema de intereses cruzados.
