El despliegue de la nueva subestación de Mogán a 66 kV sitúa a Red Eléctrica de España (REE) en el centro de una operación de expropiación masiva en el sur de Gran Canaria. Con un presupuesto de 3.912.449 euros, la eléctrica nacional busca blindar la estabilidad del sistema en el principal motor económico de la isla mediante una instalación tipo GIS de doble barra. La Dirección General de Energía ha activado la declaración de utilidad pública, un mecanismo legal que otorga a REE el derecho de ocupación urgente sobre una extensa lista de activos privados y suelos públicos estratégicos.
La ofensiva administrativa impacta directamente en el patrimonio de los grandes terratenientes del sector turístico. Sociedades como Puerto Rico SA, SA Investaurito y Unión Guanche Catalana figuran en la relación de bienes afectados, viendo cómo sus parcelas quedan sujetas a servidumbres de vuelo y zonas de seguridad para el paso de la línea. El trazado no solo altera propiedades privadas; el Cabildo de Gran Canaria pierde la plena disponibilidad de cauces en barrancos críticos como el de Mogán, Tauro y del Cura, mientras que el Ayuntamiento de Mogán ve intervenidos caminos públicos esenciales para la movilidad local.
En paralelo, un segundo expediente de 143.165 euros (AT25/003) aborda la infraestructura capilar del proyecto. Esta obra técnica incluye la conversión de líneas aéreas a subterráneas y la creación de centros de transformación para los servicios auxiliares de la subestación principal. Al igual que la planta de 66 kV, este proyecto complementario se ampara en la Ley del Sector Eléctrico para forzar la adquisición de derechos de paso, consolidando un corredor energético que atraviesa suelos improductivos, pastos y huertas de regadío en manos de herederos de familias históricas de la isla.
El Gobierno de Canarias ha abierto un plazo de 30 días para que los afectados examinen los expedientes y formulen alegaciones antes de que la ocupación sea irreversible. Esta ventana de tiempo es el último recurso para una serie de propietarios —incluyendo herederos de la familia Del Castillo y entidades como Destreza Global— que verán fragmentadas sus propiedades por el doble circuito Arguineguín-Mogán y Santa Águeda-Mogán. La magnitud del proyecto, que suma más de cuatro millones de euros entre ambas actuaciones, confirma la prioridad del Estado por robustecer la red eléctrica del sur a costa de la titularidad del suelo.
