El sector de la gran distribución en el archipiélago ha logrado un hito decisivo en su estrategia contra los gigantes del comercio electrónico asiático. A partir del 1 de julio, la Agencia Tributaria aplicará un nuevo arancel fijo de 3 euros por cada categoría de producto importado desde fuera de la Unión Europea. Esta medida elimina la ventaja competitiva de plataformas como Temu, Shein o AliExpress, que hasta ahora inundaban el mercado canario con precios mínimos y escasa presión fiscal.
La patronal del sector, representada por Asodiscan, celebra esta resolución como el fin de lo que consideraban un "paraíso fiscal" para los operadores online. El secretario general de la asociación, Alfredo Medina, directivo de El Corte inglés, sostiene que la medida garantiza por fin la igualdad de condiciones frente a los comercios locales que tributan por cada venta. La presión del lobby busca ahora un objetivo mayor: la supresión definitiva de la exención del IGIC para compras inferiores a 150 euros, vigente desde 2016. Asodiscan, paradójicamente, no tiene web para verificar sus socios.
La trampa recaudatoria de esta nueva tasa reside en su aplicación por código arancelario (TARIC) y no por paquete recibido. Un consumidor que adquiera en un mismo envío unas camisetas, un cargador de móvil y un juego de cuchillos deberá abonar un total de 9 euros adicionales, ya que se trata de tres categorías distintas. Este encarecimiento automático duplica el precio de los artículos más baratos y desincentiva el consumo masivo de productos procedentes del Extremo Oriente.
El Gobierno de Canarias, a través de la consejera de Hacienda Matilde Asián, ha confirmado que el archipiélago no será una excepción en esta normativa europea. Al formar parte del territorio aduanero de la Unión, las islas integrarán los nuevos procedimientos de declaración H7 y H1. La Administración de Aduanas zanja así meses de debate jurídico sobre si el régimen fiscal especial de las islas permitía eludir este gravamen, dejando claro que las medidas se aplicarán íntegramente a los residentes canarios.
El cambio normativo ha despertado un temor fundado entre los consumidores por el posible regreso de las elevadas tarifas de tramitación de las empresas de paquetería. Las organizaciones de defensa del usuario advierten que los transportistas privados podrían aprovechar la nueva burocracia para cobrar gastos de gestión que superen el valor de la mercancía. Esta doble barrera económica, sumada al arancel de 3 euros, pretende devolver el flujo de consumo hacia los centros comerciales y tiendas físicas de las islas.
La ofensiva estratégica del comercio tradicional canario se justifica en el cumplimiento de los estándares de seguridad y sostenibilidad que las plataformas asiáticas suelen esquivar. Mientras los grandes distribuidores locales deben garantizar condiciones laborales europeas, la importación directa operaba en una zona gris de control. Con esta regulación, el paraíso de las gangas online se enfrenta a su transformación más restrictiva en favor del comercio de proximidad.
