La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a un ciudadano en situación irregular por un episodio de violencia sexual sistemática en el sur de Gran Canaria. La Fiscalía ha formalizado una solicitud de diez años de prisión para Bernardino, acusado de someter a su pareja sentimental a un régimen de dominación y agresiones en un apartamento de San Bartolomé de Tirajana durante el otoño de 2021.
El escrito de acusación detalla una conducta de "cosificación" y control absoluto. Los hechos se concentran en apenas una semana de septiembre, cuando el procesado presuntamente agredió sexualmente a la víctima en dos ocasiones distintas utilizando la fuerza física. Según el Ministerio Público, el acusado inmovilizaba a la mujer a horcajadas, presionándole los brazos con las rodillas y sujetándola por el cuello para imponer actos de acceso carnal contra su voluntad. La violencia empleada dejó un rastro de hematomas y escoriaciones en el cuello y extremidades de la perjudicada, quien requirió asistencia médica tras las agresiones.
El historial de abusos culminó la madrugada del 21 de septiembre de 2021 con un incidente de daños materiales. Tras una discusión, el acusado arrebató el teléfono móvil a la víctima y lo lanzó por la ventana, impactando contra el suelo. Este acto de destrucción, tasado en 133 euros, es calificado por la fiscal como un delito leve de daños, que se suma al cargo principal de agresión sexual continuada, agravada por el vínculo de pareja y el acceso carnal.
La dureza de la petición fiscal no se limita a la privación de libertad. El Ministerio Público interesa la sustitución parcial de la pena por la expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la condena, con la prohibición de regresar a España durante una década. Además, se solicita una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima por un periodo de 20 años y ocho años de libertad vigilada tras la salida de prisión.
Este procedimiento, que emana del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Bartolomé de Tirajana, pone de relieve la vulnerabilidad en entornos residenciales del sur de la isla bajo dinámicas de control machista. La Fiscalía aplica en sus conclusiones la Ley Orgánica 10/2022, al considerarla más beneficiosa para el reo en la determinación de la pena, en un caso que ahora aguarda el señalamiento de juicio oral en la capital grancanaria.
