La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha formalizado la concesión demanial de equipamiento especializado al Ayuntamiento de Mogán, integrando al municipio en la red de destinos con servicios de baño adaptado. La administración autonómica cede el uso de sillas anfibias financiadas con fondos europeos Next Generation, en un movimiento que traslada la responsabilidad operativa y el coste de mantenimiento directamente a las arcas locales durante los próximos 50 años.
El convenio, firmado por la consejera Candelaria Delgado y la alcaldesa Onalia Bueno, establece una hoja de ruta rígida para el consistorio sureño. Mogán no solo deberá garantizar la prestación efectiva del servicio en sus playas, sino que asume íntegramente la logística: desde el transporte y la carga del material hasta los gastos de reparación, seguros y almacenamiento. El incumplimiento de estas condiciones o el uso del material para fines ajenos a la discapacidad facultará al Ejecutivo regional para revocar la concesión de forma inmediata.
La operación se enmarca en el "Plan España País Accesible", un proyecto que utiliza el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para dotar de infraestructuras a los municipios turísticos. Sin embargo, la letra pequeña del acuerdo subraya la naturaleza "personal e intransferible" de la concesión, prohibiendo expresamente al Ayuntamiento ceder el uso de las sillas a terceros, salvo que se trate de entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión del servicio de salvamento.
Este traspaso de competencias sobre el papel demanial obliga a la administración municipal a remitir informes anuales sobre el estado del material a la Dirección General de Discapacidad. Con la formalización de este título administrativo, el Gobierno de Canarias se sacude la gestión directa de unos activos que, pese a ser de titularidad autonómica, pasan a depender del celo y la solvencia del presupuesto de Mogán para asegurar que el litoral del sur de Gran Canaria mantenga sus estándares de accesibilidad universal.
