Maspalomas, donde el aire tiene el peso del plástico derretido y las ambiciones baratas cuando se celebra el Pride, se ha escenificado una de esas farsas que solo el siglo XXI puede producir con tanta eficiencia. El partido Drago Gran Canaria y Drag Eiko han descendido al sur, no como celebrantes, sino como anatomistas de una decadencia que ellos mismos, en su existencia política y artística, ayudan a perpetuar. Su denuncia de la "turistificación" del Orgullo LGTBI posee la lucidez amarga de quien se mira al espejo y solo ve un producto de exportación. Es la queja de los parias de la capital que, tras décadas de fomentar el monocultivo del ocio, descubren con horror biológico que el mecanismo que alimentaron ha terminado por devorarlos.
La escena es puramente propia de Luis Berlanga. Luis de la Barrera y Echedey Fernández sostienen que el Orgullo ha dejado de ser una comunidad para transformarse en un engranaje más de la industria del placer globalizado. Se lamentan de que la diversidad canaria sea tratada como "carne de vídeo" para Promotur, un decorado de cartón-piedra donde el residente es un figurante molesto. En este ecosistema de hoteles all-inclusive y pulsiones prepagadas, el artista local es desplazado por DJs y bailarines foráneos, importados como piezas de repuesto para una maquinaria que ya no necesita el alma de las islas, sino solo su sol y su tolerancia institucionalizada.
Resulta irónico que quienes promueven la identidad como bandera política se sorprendan ahora de que el mercado haya hecho lo propio: convertir la identidad en una mercancía. Drago Gran Canaria plantea un "cambio de rumbo" que suena a nostalgia imposible. Hablan de proteger el espacio de la masificación, pero lo hacen desde el mismo lenguaje de la gestión de masas. Critican que se trate a las islas como un "parque temático", ignorando que toda Gran Canaria, desde las dunas hasta los barrios de la capital, ha sido rediseñada para ser precisamente eso: un espacio de consumo donde la autenticidad es solo una etiqueta que aumenta el valor del servicio.
La queja de Drag Eiko es quizás la más trágica. El artista que se siente "extranjero en su propia tierra" describe la etapa final de la globalización cultural. Cuando el Orgullo se vuelve un negocio internacional, los artistas locales pasan a ser mano de obra redundante. La administración pública, según denuncian, financia un modelo que ignora "lo nuestro" para comprar el prestigio vacío de lo de fuera. Es la victoria del balance de resultados sobre el sentimiento de pertenencia. En este mercado de la carne y el purpurina, el canario ha pasado de ser el anfitrión a ser el residuo de una fiesta a la que ya no está invitado.
El conflicto estallado en el sur de Gran Canaria trasciende la mera anécdota festiva para situarse en el centro del debate sobre el agotamiento del modelo económico insular. La formación Drago Gran Canaria ha formalizado una queja que, por primera vez, señala directamente a la industria del ocio LGTBI como un factor de desplazamiento social. El portavoz de la formación, Luis de la Barrera, junto al referente del drag local Echedey Fernández (Drag Eiko), ha denunciado que el Maspalomas Pride ha cruzado la línea roja entre la reivindicación social y la explotación turística agresiva.
La infraestructura del evento, financiada en gran parte con fondos públicos, se ha orientado según Drago a la captación de divisas internacionales, sacrificando el tejido cultural local en el proceso. La contratación sistemática de artistas, técnicos y promotores procedentes de fuera del archipiélago ha generado un ecosistema donde el profesional canario queda relegado a roles secundarios o directamente excluido. Esta práctica no solo supone una fuga de capital público hacia el exterior, sino que erosiona la escena artística propia de las islas, que se ve incapaz de competir con las agencias internacionales que ahora controlan las tarimas de Maspalomas.
Desde un punto de vista económico, la "turistificación" denunciada por Drago Gran Canaria tiene efectos tangibles en el coste de vida. La formación subraya cómo la masificación del evento aumenta artificialmente los precios de estancia y consumo, expulsando a la población local que tradicionalmente participaba en estas celebraciones. El concepto de "comunidad" ha sido sustituido por el de "mercado", transformando un hito de lucha por los derechos civiles en un producto financiero de alta rentabilidad para las grandes cadenas hoteleras y turoperadores.
La crítica a las instituciones canarias es frontal. Los portavoces de Drago insisten en que el Gobierno y los ayuntamientos están permitiendo que Canarias sea utilizada como un simple "decorado" para los vídeos promocionales de Promotur. Esta instrumentalización de la diversidad canaria busca vender una imagen de paraíso tolerante mientras, de puertas para adentro, se precariza el sector cultural y se masifica el territorio hasta límites insostenibles. Fernández ha sido tajante al respecto: las administraciones están financiando un modelo que hace sentir a los canarios como "extraños" en su propia geografía emocional.
Al final, la denuncia de Drago Gran Canaria pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el futuro de las islas: ¿es posible mantener un evento de fama mundial sin que este termine por devorar la identidad que le dio origen? La respuesta que ofrece el grupo político es negativa bajo el modelo actual. Exigen una reorientación radical que priorice la participación de los residentes y los profesionales locales sobre el volumen de visitantes, un planteamiento que choca frontalmente con la inercia de un sector turístico que mide el éxito exclusivamente por el número de pernoctaciones.
