La reconfiguración del sistema eléctrico en el sur de Gran Canaria ha entrado en su fase ejecutiva más delicada. El Boletín Oficial de Canarias ha formalizado el levantamiento de actas previas a la ocupación para la línea de 220 kV que unirá el Barranco de Tirajana con Santa Águeda. Bajo el amparo de la Ley del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública otorgada a Red Eléctrica de España, S.A.U. activa un procedimiento de urgente ocupación que transforma el paisaje de San Bartolomé de Tirajana en un tablero de expropiaciones forzosas. La infraestructura, un doble circuito aéreo-subterráneo, no solo redibuja el mapa energético de la isla, sino que interviene directamente sobre la propiedad privada en un área donde la tierra mantiene un valor estratégico y emocional.
El próximo 21 de mayo de 2026, el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se convertirá en la oficina de registro de un desplazamiento patrimonial. Los titulares de la parcela 8, un grupo extenso de herederos y copropietarios, han sido citados para formalizar la entrega de sus derechos de vuelo y servidumbre. Entre los afectados figuran Dolores Pino Domínguez Suárez, Ruymán Yeray Martín Domínguez, Jone Mahy Martín Domínguez, Mateo Santiago Domínguez Suárez, Luis Domínguez Suárez, Ángela del Rosario Domínguez Suárez, Aurelio Domínguez Suárez, Severino Domínguez Suárez, Leocadio Domínguez Suárez, Margarita Domínguez Suárez, Rosalía del Pilar Domínguez Suárez, Julio Martín Valido y María Esther Navarro. Para estos ciudadanos, la burocracia de la transición ecológica se traduce en la pérdida de soberanía sobre sus terrenos en favor de una zona de seguridad eléctrica.
El 21 de mayo, a partir de las 15:00 horas, la realidad técnica de los kilovoltios se encontrará con la realidad patrimonial de los vecinos. La formalización de estas actas previas marca el punto de no retorno para la ejecución del proyecto AT-11RR099. Mientras la Dirección General de Energía cumple con los plazos legales, los titulares afectados deberán navegar por un proceso expropiatorio que, bajo el título de utilidad pública, redefine su relación con la tierra en nombre del progreso eléctrico de la isla.
La maquinaria administrativa de la Dirección General de Energía, liderada por Alberto Hernández Suárez, opera con una precisión técnica que ignora las dinámicas familiares de los afectados. El anuncio de 30 de abril de 2026 establece que la comparecencia es obligatoria, exigiendo la presentación del DNI, títulos de propiedad y el último recibo del IBI. La normativa permite a los expropiados acudir acompañados de peritos y notarios, una medida que subraya la naturaleza litigiosa de estos procedimientos. El despliegue de la línea de alta tensión impone limitaciones de uso permanentes, restringiendo cualquier actividad que interfiera con el vuelo de los conductores o la seguridad de la infraestructura.
La mercantil Red Eléctrica de España actúa como beneficiaria de un proceso que prioriza el interés general sobre el dominio privado. La utilidad pública, declarada mediante resolución en diciembre de 2024, es el blindaje jurídico que permite la ocupación inmediata de los bienes. El tramo aéreo proyectado sobre el Barranco de Tirajana requiere no solo la instalación de apoyos, sino la creación de servidumbres de paso que afectan a la clasificación y uso original de las parcelas. Esta intervención se produce en un contexto de creciente presión sobre el suelo rústico en el sur, donde las infraestructuras industriales y energéticas compiten con el paisaje tradicional.
El procedimiento de expropiación forzosa de 1954, invocado en este expediente, sigue siendo la herramienta más contundente del Estado para el desarrollo de infraestructuras críticas. La citación en San Bartolomé de Tirajana es el último paso administrativo antes de que Red Eléctrica tome posesión física de los terrenos. Los afectados tienen la posibilidad de presentar alegaciones ante la Dirección General de Energía para subsanar errores en la relación de bienes, pero el destino de las parcelas parece sellado por la urgencia de la política energética insular.
La transición ecológica en Canarias requiere una red de transporte robusta, capaz de integrar las nuevas fuentes de generación y garantizar el suministro al motor turístico del sur. Sin embargo, el coste de esta modernización lo asumen pequeños propietarios cuyos nombres quedan ahora grabados en el Boletín Oficial. La línea Barranco de Tirajana-Santa Águeda es una pieza clave en el puzle de la soberanía energética, pero su construcción deja tras de sí una estela de actas previas y ocupaciones temporales que alteran la geografía de la propiedad en el municipio.
