La administración de Marco Aurelio Pérez Sánchez ha activado el protocolo de desinversión patrimonial para abordar la crisis habitacional que asfixia al motor turístico de Gran Canaria. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha formalizado la cesión gratuita de una parcela de 2.249,81 metros cuadrados a la empresa pública VISOCAN, delegando en el Gobierno de Canarias la responsabilidad de construir vivienda protegida en un suelo que el propio municipio declara incapaz de gestionar en el corto plazo.
La operación se apoya en un informe técnico urbanístico, emitido el 30 de abril de 2026, que contiene una confesión administrativa de calado: el consistorio afirma que este bien patrimonial "no es necesario para la entidad local ni es previsible que lo sea en los diez años inmediatos". Esta declaración de falta de planes propios para el suelo urbano subraya la parálisis en la promoción directa de vivienda por parte del ayuntamiento más rico de la isla, optando por una transferencia de activos hacia el Ejecutivo regional como salida de emergencia ante la presión social.
El expediente administrativo, identificado con la referencia 2026-000965, nació el 19 de enero de 2026 tras una solicitud formal de Javier Terán Contreras, director-gerente de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN). En apenas cuatro meses, el Ayuntamiento ha superado todos los trámites burocráticos para desprenderse de la finca registral 31.353, situada en el núcleo de Juan Grande, un enclave estratégico que linda con el C.E.I.P. Juan Grande y la Avenida de los Colegios.
La celeridad del proceso revela la urgencia de una administración municipal que, a pesar de contar con superávit presupuestario, prefiere la cesión gratuita a la inversión directa. El informe de la Intervención General, fechado el 25 de febrero de 2026, confirmó la inexistencia de deudas sobre el terreno, allanando el camino para que el patrimonio público municipal pase a manos de una sociedad anónima unipersonal de carácter autonómico.
El inventario de bienes municipal pierde así un activo libre de cargas y con naturaleza jurídica de bien patrimonial. La "Memoria Demostrativa" que acompaña al expediente defiende que el beneficio para los habitantes de San Bartolomé de Tirajana justifica la pérdida del control sobre el suelo. Sin embargo, la cesión definitiva de la propiedad priva al municipio de una herramienta de negociación futura en un mercado inmobiliario donde el metro cuadrado urbano se ha convertido en el recurso más escaso y codiciado del sur de Gran Canaria.
El arquitecto municipal emitió su informe de valoración el 3 de marzo de 2026, certificando que la parcela es apta para Uso Residencial -VPP-. Al segregarse de una unidad de ejecución mayor (la número 12 del PGOU), el Ayuntamiento renuncia a la gestión directa de un espacio que podría haber servido para mitigar la expulsión de trabajadores del sector servicios hacia otros municipios limítrofes, una tendencia que amenaza la estabilidad laboral de la industria turística en Maspalomas.
El anuncio oficial abre ahora un periodo de exposición pública de veinte días. Este margen para alegaciones es la última barrera administrativa antes de que la transferencia de la parcela en Juan Grande sea irreversible. El documento firmado por Pérez Sánchez invita a examinar el expediente en la sede electrónica municipal, en una muestra de transparencia que no oculta la realidad de fondo: el ayuntamiento cede la soberanía sobre su suelo urbano ante la falta de una constructora pública municipal o de un plan de vivienda propio.
La entrega de estos 2.249 metros cuadrados a VISOCAN sitúa a San Bartolomé de Tirajana en la estela de otros municipios canarios que, desbordados por la gestión urbanística, recurren a entes externos para cumplir con las competencias mínimas en materia de vivienda. Para los analistas del sector, esta operación es el reconocimiento implícito de que la gestión del patrimonio local ha quedado supeditada a la capacidad de ejecución del Gobierno de Canarias, dejando al consistorio sureño en un rol de mero suministrador de materia prima inmobiliaria.
