La política de Gran Canaria ha demostrado que un incidente a setenta kilómetros de distancia puede provocar un terremoto de escala insular. Lo que comenzó como una "cogorza" primaveral del alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, en el epicentro turístico de Maspalomas, ha derivado en una crisis de supervivencia para Primero Canarias (Prica) en el sur de la isla. El incidente, que se saldó con una condena judicial en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana por un delito contra la seguridad vial del primer edil, ha servido en bandeja de plata la excusa perfecta para que el PSOE y Nueva Canarias (NC) activen una ofensiva jurídica latente: el paso de los ediles díscolos al grupo de los no adscritos.
La condena de Gonçalves —40 días de trabajo comunitario no se sabe si en el lugar donde ha admitido el delito y ocho meses de retirada de carné— no solo ha manchado la imagen institucional del norte, sino que ha desatado una guerra de informes en el sur. Julio Mateo, hombre fuerte en Gáldar y figura clave del sector vinculado a Teodoro Sosa, se pasó tres pueblos al señalar la gravedad del comportamiento de su homólogo de Guía olvidando que el PSOE tiene la llave para que Prica sea algo tangible en la isla. Sin embargo, la represalia de Prica, que intentó hacer sangre política del estado de embriaguez del alcalde, ha provocado que el PSOE mueva ficha con una frialdad burocrática letal.
La pieza clave de esta crisis es un documento del Ministerio de Política Territorial que el entorno de Ángel Víctor Torres mantenía bajo reserva. Este informe, que hasta ahora no ha visto la luz pero está al caer tras el altercado de Maspalomas, respalda la tesis de que los concejales que abandonaron Nueva Canarias para fundar Prica deben pasar a la condición de no adscritos. La consecuencia es económica y operativa: la pérdida inmediata de sueldos y la limitación de su capacidad de voto en decisiones clave. El PSOE ha pasado de guardar el documento —que afectaba directamente a figuras como Samuel Henríquez en San Bartolomé de Tirajana— a utilizarlo como un mazo tras el desgaste sufrido por la imagen del bloque progresista en el norte.
La paradoja es absoluta. Mientras Prica criticaba la falta de decoro del alcalde de Guía, el Ministerio "perdía" y "encontraba" el informe según la conveniencia del momento. Este juego de sombras deja a los ediles del sur en una posición de extrema vulnerabilidad. Si el criterio ministerial se impone sobre el de la Viceconsejería de Función Pública autonómica, ayuntamientos como Santa Lucía de Tirajana se verán obligados a declarar tránsfugas a los miembros de Prica, dejando en minoría al alcalde Francisco García y rompiendo la estabilidad financiera de sus cargos públicos.
La crisis subraya la guerra fratricida por el espacio nacionalista. Carmelo Ramírez, secretario de Organización de NC, ha aprovechado el caos generado por la condena de Gonçalves para intensificar la presión. Para Nueva Canarias, Prica no es más que una escisión que debe ser neutralizada mediante la aplicación rigurosa de la Ley Antitransfuguismo. El hecho de que Teodoro Sosa y Óscar Hernández (Agüimes) lideren Prica desde partidos locales diferentes (BNR y Roque Aguayro) les protege personalmente del informe, pero no salva a sus "peones" en el sur, que sí concurrieron bajo las siglas de NC en 2023.
El incidente en Maspalomas ha acelerado un proceso que parecía estancado. La debilidad ética mostrada por un alcalde del norte ha dado al PSOE la cobertura moral para ejecutar una purga administrativa en el sur. Teodoro Sosa, consciente del cerco, ya ha empezado a sugerir una unión acelerada con Coalición Canaria para evitar que su estructura municipalista sea devorada por la pinza entre el Ministerio y la dirección de Nueva Canarias. En el sur de Gran Canaria, el mensaje es claro: una mala noche en la zona turística puede terminar costándole el sueldo y la carrera política a toda una facción nacionalista.
